Desde hace 10 años México ha recibido un financiamiento especial de parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Sin embargo, la iniciativa que se implementó desde aquel entonces ha resultado ineficaz debido a que el país todavía no encuentra la fórmula para terminar con su problema de corrupción y violencia.
Este es el análisis de InSight Crime, una organización de investigación especializada en temas de seguridad, que señaló deficiencias en el abordaje y la implementación de la Iniciativa Mérida, un acuerdo bilateral de cooperación en seguridad firmado por ambos países en 2007.
Ese año el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa pidió ayuda a la administración de George W. Bush para combatir el tráfico de armas y narcóticos. Se acordó que México recibiría una ayuda de USD 2.900 millones para financiar equipo militar, capacitación para personal judicial, mejoras en infraestructura judicial, adiestramiento militar e implementación de prevención del delito.
La organización calificó la Iniciativa como "ineficaz" debido a dos razones fundamentales. La primera porque la violencia, lejos de disiparse, ha ido en aumento. Esto debido a que se ha insistido mucho en el uso de fuerzas militares para combatir el crimen organizado, cosa que solo ha generado una escalada de muertes en México desde que se puso en marcha.
Puso como ejemplo el juicio del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, que superficialmente podría parecer un duro golpe contra el narcotráfico. Sin embargo, sólo es el reflejo de una estrategia que únicamente ha provocado una descentralización del crimen. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se formaron como resultado de la fractura de cárteles anteriores.
"Declarar una guerra contra la droga parece lógico desde la perspectiva de Estados Unidos, pero no desde la mexicana", comentó la investigadora Guadalupe Correa Cabrera en una entrevista con InSight Crime.
En segundo lugar, la iniciativa no ha funcionado porque a pesar de que desde sus inicios implementó estrategias para combatirla la corrupción, esta sigue siendo uno de los grandes problemas en las instituciones mexicanas.
El caso más indignante en los últimos años es el de Javier Duarte, ex gobernador del estado de Veracruz que desvió alrededor de USD 60.000 del presupuesto público del estado. Aquel ha sido uno de los más grandes desfalcos en la historia del país.
Recientemente, la Procuraduría General anunció investigaciones a magistrados federales en relación con este caso. Los especialistas no dudan de que la red de funcionarios corruptos continúa expandiéndose aún más.
La Iniciativa buscó atacar la corrupción a través de su participación en una serie de reformas que introdujeron un sistema de enjuiciamiento acusatorio abierto como el que existe en Estados Unidos. Anteriormente, México dependía de un sistema inquisitorial menos transparente, en el que todos los juicios se daban a puerta cerrada.
Sin embargo, según la organización, faltaron recursos para brindar a policías y fiscales el adiestramiento necesario para adaptarse a sus nuevas funciones en el sistema. El resultado ha sido hasta ahora un intento fallido por imitar procesos legales como los de Estados Unidos, en un país cuyo sistema judicial es ineficiente y altamente corrupto.
"El problema es que no hubo homogeneidad en la implementación. El marco estuvo bien pensado, pero en realidad los resultados positivos aún no se han hecho visibles", dijo Correa Cabrera a Insight Crime.
Según la organización, la estrategia que pretende aplicar López Obrador durante su gobierno no parece tener muchas posibilidades de cambiar el panorama, pues su política de seguridad continuará haciendo uso de la militarización con la implementación de la guardia nacional.
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