
Una lista con el nombre de 25 personas que recibirían el beneficio de la libertad como presos políticos o de conciencia comenzó a circular este martes en México.
Entre los nombres hay luchadores sociales, policías comunitarios, maestros, estudiantes e indígenas de Oaxaca y el Estado de México, recluidos por defender sus tierras y recursos naturales.
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Estos 25 forman parte de una lista de 199 que elaboró Nestora Salgado, senadora del partido Morena, y entregó a la Secretaría de Gobernación para considerarlos como presos políticos y, por lo tanto, beneficiarios de una amnistía.

Este miércoles el diario La Jornada dio a conocer los nombres de los presos políticos que recuperían su libertad, con base en una lista preliminar que elaboró la propia Nestora Salgado.
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Entre ellos está Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, que desde hace 15 años mantiene su oposición en contra de la construcción de ese proyecto hidroeléctrico en Guerrero.
También aparecen los nombres de Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache, dirigentes comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
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Ellos están encarcelados por defender sus recursos naturales y la autonomía de ese municipio ubicado en la región Cañada de Oaxaca.
Hay además seis indígenas de Tlanixco, Estado de México, un pueblo que desde hace más de una década mantiene una lucha por la defensa del agua en esa comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca, en el municipio de Tenango del Valle.
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Ellos son Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles, quienes fueron sentenciados a 70 años de cárcel acusados de la muerte de un empresario, en un proceso lleno de irregularidades, de acuerdo con sus abogados.
Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril, Yuriko Becerril Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas y Cutberto Vilchis García son indígenas de la comunidad de Salazar, perteneciente al municipio de Lerma, en el Estado de México.
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Ellos están en prisión domiciliaria por la defensa de su territorio y también podrían ser liberados junto con Fidencio Aldama Pérez, de la tribu yaqui ubicada en Loma de Bácum, Sonora, sometido a proceso por oponerse a la instalación de un gasoducto en su territorio.

La lista incluye además a los profesores Máximo Delgado Mójica y Sara Altamirano Ramos, a la estudiante Lucía Baltazar Miranda y el defensor de derechos humanos Enrique Guerrero Aviña.
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El 14 de diciembre, la senadora Nestora Salgado entregó una lista con los nombres de 19 mujeres y 180 hombres a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación.
Esta fue remitida al presidente Andrés Manuel López Obrador para otorgarles la amnistía al considerar que estas personas están presas de manera injusta, acusados de cometer delitos como homicidio, delincuencia organizada y secuestro.
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