La Fiscalía General del estado de Nayarit, solicitó al Congreso local retirar el fuero a cuatro jueces y dos ministros, incluido el ex presidente del Poder Judicial en dicho estado Pedro "N", por presuntamente confeccionar una red de corrupción que simuló juicios en cuatro Juzgados de Primera Instancia, que concluyeron en la adjudicación ilegal de aproximadamente 40 mil casas.
Después de un año de investigación, la fiscalía reveló que del 2013 al 2018 se realizó un convenio entre servidores y apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infovavit), un despacho de abogados, un notario y varios funcionarios del Poder Judicial, para llevar a cabo el fraude que afectó a miles de familias en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Nayarit.
El fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, indicó que el fraude se realizó en dos etapas. La primera fue del 2013 al 2015, cuando en dos juzgados del estado (Compostela y Xalisco) se llevaban procesos de ejecución de hipoteca (oficialmente en los juzgados se tenían uno o dos procedimientos), pero un despacho externo de abogados confeccionó "juicios espejo" con miles de demandados, falsificando constancias sin notificaciones ni emplazamiento de los demandados, ni la intervención del ministerio público.
El personal de este despacho particular llevaba los documentos ante jueces, secretarios y notificadores (coludidos) del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que, por órdenes de los dos magistrados involucrados, los firmaran.
Todas las sentencias concluyeron a favor del Instituto de Vivienda (Infonavit) y en contra de los trabajadores, perdiendo sus casas, estas luego se adjudicaron a un 75% de su valor, realizando las escrituras el mismo notario.
La investigación señala que la segunda etapa se ejecutó en los juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas a finales del 2016, en donde se crearon expedientes ficticios de demandas de ejecución de hipotecas sin tener ningún registro en los libros de gobierno, estos expedientes falsos también los realizó el mismo despacho externo que hizo los supuestos acuerdos, notificaciones y los llevaba ante el Tribunal para su firma por volumen.
El fiscal Díaz Ponce pidió a la Procuraduria General de la República (PGR) su intervención y apoyo en el análisis del equipo de computo asegurado, para esto le entregó una copia de la investigación que consta de 8 mil páginas.
Los jueces y magistrados presuntamente involucraros son Jorge Ramón "N", Braulio "N", Mario ALberto "N", Justino "N", Baldomero "N" y Pedro Antonio N; y podrían enfrentar cargos por asociación delictuosa, tráfico de influencias, abuso de poder, cohecho, peculado, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos y fraude específico por simulación de acto jurídico.
El fiscal anunció, que se le ordenó al Consejo de la Judicatura investigue las posibles responsabilidades administrativas de estos servidores judiciales, así como de algunos otros secretarios de acuerdo, notificadores y personal administrativo.
También pidió al Colegio de Notarios en Nayarit, investigue el actuar del notario involucrado y se solicitó de inmediato el desglose de la carpeta de investigación a la PRG, sobre los posibles delitos de su competencia que pudieran constituir delitos federales.
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