Por qué se disparó la “fiebre del oro” en el Tolima: campamentos clandestinos, uso de mercurio y devastación de los ríos

Una alerta ambiental máxima afecta al sur del Tolima debido a la expansión de la minería ilegal. Este fenómeno ha traído a muchas personas de fuera, se han usado retroexcavadoras y se han establecido campamentos a lo largo de los principales ríos.

Desde 2024, cerca de 5.000 personas han llegado, creando enormes cráteres, desviando cauces y apoyando economías ilegales que perjudican el medio ambiente y la vida rural, según una investigación de Noticias Caracol.

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Según una investigación entre la Gobernación del Tolima y Noticias Caracol, han documentado la presencia de grupos criminales, principalmente las disidencias de las Farc, que se benefician de esta actividad.

Transformó la minería ancestral con batea, que es tradicional en el sur del Tolima, en una explotación a gran escala con maquinaria pesada. Un investigador anoimo de la gobernación de Tolima, citados por el medio mencionado, indican que el descubrimiento de nuevos yacimientos, accesibles solo con tecnología industrial, desplazó a los mineros locales y modificó la situación en municipios como Ataco, Saldaña, Planadas y Chaparral.

Imágenes aéreas muestran más de 50 puntos críticos en el río Saldaña y áreas cercanas, donde la vegetación ha sido eliminada y las aguas están contaminadas con mercurio.

El daño ambiental en ríos y bosques del Tolima es evidente, el investigador mencionado afirmó que la deforestación y los cambios en el cauce han reducido significativamente la cobertura forestal y contaminado fuentes de agua esenciales para los municipios vecinos. “Talaron muchos árboles, acabaron con el cauce, desviaron ríos y quebradas. Todos los químicos que usan para extraer el oro están llegando cauce abajo y afectan la producción agrícola de lugares como Saldaña”, comentó el funcionario.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dijo que “ya son al menos 14 hectáreas de bosque en las riberas de los ríos Atá, Saldaña y Amoyá las que se han visto afectadas por la depredación causada por el uso de retroexcavadoras”, según lo informado a Infoabe Colombia.

Esta transformación ha generado preocupación entre las autoridades, debido a la magnitud del daño y la perspectiva incierta a largo plazo.

En el ámbito social y económico, la llegada de mineros ilegales ha llevado a una crisis complicada. La Gobernación del Tolima señala que personas de Antioquia, Chocó y Cauca han obligado a comunidades rurales, que dependen del café, cacao y ganadería, a desplazarse. El éxodo campesino y los campamentos precarios han aumentado el consumo de drogas, la prostitución y han creado mayores riesgos para los niños.

Las autoridades también han señalado el impacto negativo sobre cultivos como el arroz y la inestabilidad económica en la región. Informes de inteligencia indican altos niveles de consumo de alcohol y la exposición de menores a nuevas dinámicas delictivas en estas zonas.

La expansión de la minería ilegal ha fortalecido la influencia de grupos armados ilegales, especialmente las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, según reportes de la Gobernadora Matiz.

La gobernadora denunció que “para que entre una retroexcavadora, esas organizaciones criminales cobran entre $5 millones y $7 millones”, financiando así sus actividades ilegales a través de la extorsión a operadores y la creación de economías ilícitas.

Matiz enfatizó la gravedad de la situación: “Hay grupos criminales detrás de esta actividad, y también se están beneficiando las disidencias de las Farc”, según lo registrado por la Gobernación. Se han abierto más de setenta y cinco procesos de sanción, especialmente en Ataco, aunque los actores ilegales continúan explotando el territorio y presionando a la población local.

Las autoridades han puesto en marcha operativos y sanciones para frenar el avance de la minería ilegal. Según la Gobernación del Tolima, tras anuncios del ministro de Defensa, varias retroexcavadoras y un número considerable de mineros ilegales han dejado la zona. Esto ha permitido que algunos campesinos retornen a sus actividades agrícolas y ganaderas. Sin embargo, gran parte del problema aún persiste y la alerta ambiental continúa activa.

La administración departamental, en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente y Cortolima, trabaja para proteger la minería ancestral y artesanal y mitigar los daños ambientales y sociales causados por la llegada de forasteros y la presión de grupos criminales.

Se enfocan en salvaguardar ríos y bosques, aunque los desafíos continúan. La magnitud del daño y la incertidumbre sobre sus efectos futuros siguen preocupando a las autoridades, que anticipan consecuencias difíciles de evaluar en los próximos años.