El gobernador Ron DeSantis anunció las cuatro nuevas leyes en rueda de prensa desde el norte de la Florida. Según dijo, están diseñadas para neutralizar los nuevos requerimientos federales con respecto a la vacuna del COVID 19 y librar a los empresarios de tener que pagar altas multas si no cumplen con lo que Joe Biden ha pedido.
“Ningún policía, ningún bombero, ni ninguna enfermera debería perder su empleo por estas vacunas. Debemos pararnos y proteger a la gente, proteger sus trabajos, proteger sus medios de vida”, decía eufórico DeSantis desde la nueva fábrica de la compañía Zephyrhills, una de las empresas que ha manifestado públicamente que no tienen intención de pedir comprobante de vacunación a sus empleados.
Como ocurre con toda ley, el gobernador está haciendo la propuesta de estas cuatro nuevas legislaciones y la presentará ante el Congreso. Luego serán los representantes de la cámara baja y los senadores quienes tengan la palabra final al votar. Pero con una legislación estatal de amplísima mayoría republicana, difícilmente el gobernador vaya a encontrar algún tipo de resistencia.
El mandato federal que exige a empresas de más de 100 empleados que requieran prueba de vacunación a sus trabajadores, o que les realicen exámenes de COVID 19 semanales, entraría en vigor el 4 de enero próximo. Este mandato se suma al previamente anunciado por la administración Biden que exigía a todos los trabajadores del sector médico estar inoculados también. Las leyes de DeSantis serán debatidas, votadas y -presuntamente- aprobadas el 15 de noviembre en una sesión especial de la legislatura solicitada por el gobernador.
Las cuatro leyes de DeSantis crean excepciones a las que los empleados pueden apelar para excusarse de no presentar prueba de vacunación a su empleador. Entre ellas están las exenciones religiosas, las mujeres que estén intentando quedar embarazadas y problemas médicos, que requerirían una nota de un doctor autorizando. Pero además, las leyes de DeSantis hacen que sea legal en Florida negarse a la vacuna si una persona ya tuvo COVID 19 -alegando que ya tiene anticuerpos-, o si el empleado se compromete a utilizar máscaras tapa bocas.
La otra parte de las nuevas legislaciones tiene que ver con prohibirle a los gobiernos locales (condados y ciudades de la Florida), así como a los distritos escolares, que hagan cumplir el mandato federal. Es decir, si una municipalidad en la Florida quiere cobrar multas a las empresas de más de cien empleados que no estén exigiéndoles vacunación -tal como plantea la norma federal-, no puede hacerlo.
Esto último no es algo nuevo en la Florida. A mediados del año pasado, en pleno pico de la pandemia,DeSantis ya le había prohibido a los gobiernos locales que pasaran sus propias normativas con respecto a COVID, como por ejemplo exigir el uso de máscaras. Este año, el gobierno de Tallahassee hizo algo similar al prohibirle a los distritos escolares que exijan el uso de máscaras en las escuelas o que pidan cuarentenas a los estudiantes que hayan estado expuestos al virus. Si bien durante la pandemia DeSantis se ha convertido en un ícono del movimiento conservador en todo el país, han sido los mismos conservadores quienes lo han criticado por violar un principio del movimiento: la independencia de los gobiernos locales.
Quienes no cumplan con las nuevas reglas de Florida podrían ser investigados por la fiscalía estatal exponiéndose a multas de hasta 50 mil dólares.
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