Contraloría alerta por baja cobertura de los Equipos Básicos de Salud: habrían llegado a menos del 40% de la población prevista

El alcance de los Equipos Básicos de Salud quedó bajo observación después de que la Contraloría identificara posibles limitaciones en la cobertura y dificultades para verificar el uso de los recursos asignados. Aunque miles de entidades recibieron financiación durante el periodo revisado, los equipos aprobados y financiados habrían llegado a menos del 40% de la población estimada, según los hallazgos conocidos por Noticias RCN.

El organismo de control examinó la ejecución de los recursos entre diciembre de 2022 y junio de 2026. En ese lapso, 2.927 entidades fueron beneficiarias de asignaciones que superaron los $4,1 billones. La cifra muestra la dimensión de los fondos destinados al programa, pero el reporte advierte que todavía se necesita establecer qué parte de ese dinero se convirtió efectivamente en atención para las comunidades previstas.

La revisión puso la lupa sobre la información disponible para seguir los movimientos financieros y comprobar los resultados. La Contraloría encontró debilidades en el cargue de datos, en la oportunidad con que se reportan y en la consistencia de los registros incluidos en distintas plataformas. Esas fallas dificultan reconstruir el recorrido de los recursos y determinar con precisión qué se hizo con ellos.

Recursos asignados y ejecución pendiente

De acuerdo con el reporte técnico, los pagos realizados se acercan a los $3,9 billones. A ese balance se suman compromisos por $1,5 billones y reintegros que alcanzan los $15.402 millones. El documento también señala un saldo pendiente de ejecución cercano a los $2,4 billones.

Las cifras corresponden a distintos componentes del seguimiento financiero y deben leerse dentro del reporte de la Contraloría. Por sí solas, no permiten establecer cuántos servicios recibieron las comunidades ni qué resultados produjo cada asignación. Para responder esas preguntas, el organismo considera necesario continuar el seguimiento a la ejecución y contrastar los registros administrativos con la cobertura que se reporta.

El número de entidades beneficiarias tampoco resuelve por sí mismo el interrogante sobre el alcance del programa. La financiación fue distribuida entre 2.927 entidades, pero la alerta del ente de control está relacionada con la proporción de población que habría recibido atención. Según los indicios identificados, los equipos aprobados y financiados alcanzaron a menos del 40% de las personas que se tenían previstas.

Ese dato pone el foco en la diferencia entre asignar recursos, comprometerlos, efectuar pagos y lograr que la atención llegue a sus destinatarios. Son etapas distintas del proceso y, de acuerdo con los hallazgos, todavía hay aspectos que requieren verificación para establecer cómo se desarrolló la operación de los equipos en los territorios.

Fallas en los registros y dudas sobre la cobertura

Entre las plataformas en las que se identificaron problemas están Secop, Si-aps y Sispro. La Contraloría señaló debilidades en el cargue, la oportunidad y la consistencia de la información registrada en esos sistemas. Cuando los datos no se incorporan a tiempo o presentan diferencias, se dificulta hacer seguimiento a los recursos y comprobar los resultados alcanzados por el programa.

La calidad de esos registros es relevante para revisar tanto el componente financiero como el cumplimiento de los objetivos previstos. Sin información completa y consistente, resulta más difícil establecer qué entidades ejecutaron los recursos, qué actividades desarrollaron y cuál fue la población atendida. El reporte, sin embargo, no detalla en la información conocida cuáles entidades presentan las fallas ni precisa qué proporción de los registros está afectada.

Por eso, uno de los asuntos pendientes es determinar cuánto dinero falta por ejecutar y verificar la cobertura efectiva de los Equipos Básicos de Salud. La revisión deberá permitir establecer si los recursos asignados se tradujeron en servicios para la población prevista y aclarar las diferencias entre los montos destinados, los pagos efectuados, los compromisos registrados y el saldo aún pendiente.

La información disponible apunta a dificultades de ejecución, seguimiento y medición de cobertura que requieren aclaración. La Contraloría mantiene bajo observación el avance financiero y los resultados del programa, mientras sigue pendiente establecer qué monto total se ha ejecutado y a cuántas personas han llegado los equipos.