California suspendió la pena de muerte y se abren los interrogantes sobre su vigencia en los Estados Unidos

California se ha sumado en los últimos días a la larga lista de veinte estados que rechazan la pena de muerte con una "moratoria", que hasta el momento ya ha sido objeto tanto de críticas como de celebraciones a lo largo de los Estados Unidos. La decisión, sin embargo, también abre interrogantes sobre lo que podría suceder con estas condenas a nivel nacional.

El gobernador Gavin Newsom ha tenido que defender su decisión ante una ola de críticas con el argumento de la "desproporción" con la que, a su juicio, se aplican las ejecuciones en EEUU, donde la Corte Suprema de Justicia la declaró constitucional en el año 1976.

En una conferencia de prensa telefónica, Newsom destacó que las 737 personas que en la actualidad se hallan en el corredor de la muerte en este estado representan "el mayor número del Hemisferio Oeste" y un cuarto del total del país, y que las condenas afectan de manera "desproporcionada a la gente de color, a los afroamericanos y a los hispanos".

Además, el gobernador citó un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, publicado en 2014, que calculó que el 4% de los condenados a la pena de muerte en el país probablemente es inocente. Al aplicar este porcentaje a los reos en California, agregó, habrían unas 30 personas que son inocentes o que están en el corredor "inapropiadamente" y de cuyas ejecuciones no quiere ser responsable. 

También se refirió al caso de Vicente Benavides Figueroa, un trabajador agrícola que pasó 26 años en la cárcel y que en abril pasado fue exonerado de la ejecución a la que fue condenado, tras ser hallado inocente cuando se revisó su caso. "Nadie será dejado en libertad. No estamos a alegando la naturaleza atroz de estos crímenes cometidos, no celebramos estas acciones", debió aclarar.

Alegó que la aplicación de la pena de muerte es evaluada, o ha sido abolida, en distintos países y que ese planteamiento va en la línea de los "valores de California", y  se refirió al tiempo que implicaría la ejecución de todas esas condenas. "Si se ejecuta a una persona por día estaremos viendo ejecuciones diariamente durante dos años", dijo.

En California, donde no se ha aplicado la pena de muerte desde el año 2006, estiman que mantener a los 737 reos en el corredor de la muerte cuesta unos USD 150 millones más que si tuvieran una condena a cadena perpetua. 

Voces en contra de la decisión

Los oponentes al anuncio manifestaron que la medida contradice la voluntad de los votantes californianos, que tanto en 2012 como en 2016 rechazaron con su voto iniciativas que buscaban prohibir la pena de muerte en este estado del oeste del país.

También en 2016 la mayoría de votantes apoyó una iniciativa que preveía acortar el proceso de apelaciones al que un preso tiene derecho con el objetivo de acelerar las ejecuciones.

De igual forma, organizaciones que apoyan a las víctimas de los crímenes cometidos por aquellos que han sido condenados a la pena de muerte en el Estado Dorado se han manifestado en contra la decisión del gobernador.

Veinte de los 50 estados de la Unión han abolido la pena de muerte, que sigue vigente para los otros 30 al igual que para el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas.

Movimientos contra la pena de muerte en todo el país

De acuerdo con un artículo del sitio The Conversation, la aprobación social de la pena de muerte se encuentra en su nivel más bajo desde la década del sesenta. 

Con la moratoria, en efecto, California se une a una creciente lista de estados que abandonaron dichas condenas. Son veinte -ocho recientemente- los que ya abolieron la pena de muerte, y son cuatro los que han suspendido las ejecuciones a través de moratorias.

Además de esta ola de abolicionismo, la pena de muerte se usa cada vez con menos frecuentemente en los estados que aún la mantienen, debido a que las compañías farmacéuticas se niegan  proporcionar sus medicamentos para las ejecuciones.

Los intentos de cuestionar la legalidad de la pena de muerte se basan en la Octava Enmienda, que es la que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Éstos, dictaminó la Corte Suprema en 1958, cambian con el tiempo a medida que evolucionan nuestros estándares de decencia.

La Corte Suprema también ha mostrado, en el pasado, ciertas vacilaciones a la hora de legislar sobre la pena de muerte. En 2007 decidió que era inconstitucional para la mayoría de los delitos que no son homicidios, y los jueces Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg expresaron recientemente la opinión de que la constitucionalidad de la pena de muerte debería reconsiderarse. Al examinar los "estándares de decencia en evolución", la Corte Suprema analiza las políticas estatales. Es en este sentido, el anuncio de Newsom puede ser de gran importancia.

Además, California tiene una historia como pionero en materia de justicia penal, como consecuencia de la magnitud de su población carcelaria. Cualquier cambio de política que aumente (o disminuya) el encarcelamiento allí puede tener efectos dramáticos en todo el país.

Por último, California también es única en su composición política. El contraste entre su costa vehementemente progresista (y demócrata) y su centro profundamente conservador hace que existan grandes diferencias en las políticas de un condado a otro, y un apoyo sorprendente a las políticas punitivas en un estado que se considera ampliamente liberal.

Las preguntas y los escenarios posibles

El primer interrogante que se abre ahora es si la composición más conservadora de la nueva Corte Suprema de Justicia podría bloquear una tendencia general a la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos. El juez Anthony Kennedy, uno de los mayores escépticos de la pena capital, se ha retirado, mientras que el recientemente nombrado Neil Gorsuch parece apoyarla, y aún hay discusiones sobre la posición que adoptará el polémico Brett Kavanaugh. 

También serán cruciales en el futuro las estadísticas y estudios de la tasa de homicidios para desmentir lo que en estos años se ha sostenido de manera incansable pero con poca evidencia, sobre las posibilidades de que la pena capital disuada de cometer los delitos. 

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