Contratos del Bienestar Familiar: más de 9 mil millones de pesos podrían estar vinculados con irregularidades según la Contraloría

Este 5 de enero en la mañana la Contraloría General de la República dio a conocer que tras un proceso de auditoria al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- se encontraron varias irregularidades en temas de contratación que se desarrollaron durante el 2021 y 2022. De acuerdo con los detalles, esto se encontró en al menos 62 trámites administrativos.

De acuerdo con lo detallado por RCN Radio, si se mira en detalle, las irregularidades serían por una suma de $9.127.561.522., en al menos, 62 hallazgos administrativos, y de forma desagregada se concluye que 20 tienen incidencia fiscal, tres beneficios de auditoría, ocho con presunta connotación penal, ocho con apertura de indagación preliminar y seis con otras incidencias.

Además de los requerimientos administrativos, se encontraron otros inconvenientes ya relacionados con el procedimiento, por ejemplo, menores de edad sin documentación, quejas por alimentos no aptos para el consumo que, incluso, causaron problemas de salud a los niños y niñas vinculados a los procesos de esta organización, entre otros asuntos.

En el caso de la documentación se determinó que se le estaba dando ayudas a listas de personas que se encuentran fallecidas:

Ahora visto por regiones, las más afectadas por las irregularidades de los procesos fueron: Amazonas, Chocó, Cauca, Vaupés, Antioquia, y Vichada.

En el caso de la primera región nombrada se pueden ver dos casos de desnutrición que no fueron atendidos en el momento justo ni siguiendo los protocolos establecidos. En Vaupés, por ejemplo, en un documento, se registró: “Los huevos llegan dañados, la fruta llega dañada o seca, las frutas entregadas no son buenas, las RPP llegan en bolsas destapadas y a veces incompletas”.

A finales de 2022, el Instituto sacó un comunicado a la opinión pública donde inicio haciendo algunas aclaraciones de las irregularidades que han venido saliendo:

Por lo consiguiente, el ICBF aseguró que comenzará sus propias investigaciones, por un lado, en temas jurídicos y administrativos; y por otro, se llevará a cabo una revisión detallada de la base de datos de entrega de raciones.

“Con base en los resultados de los presuntos hallazgos al interior de la institución, se adelantarán todas las investigaciones de carácter administrativo que permitan establecer el marco de las responsabilidades y en caso de ser necesario, serán adelantadas las actuaciones administrativas y jurídicas pertinentes”, agregó la institución en la misiva.

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