Primera Línea: Defensoría del Pueblo considera que liberar a detenidos en protestas afecta a las víctimas

A la Defensoría del Pueblo no le cayó bien la noticia del decreto firmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para otorgar beneficios a 230 ciudadanos que fueron capturados en medio de la protesta social de 2021. Para este órgano constitucional, la decisión “podría poner en riesgo los derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.

Mediante un comunicado, la entidad describió a los beneficiarios de esa decisión como “ciudadanos que en la actualidad se encuentran privados de la libertad por presuntos hechos delictivos en los que habrían incurrido en el marco del Paro Nacional de 2021″ y mostró preocupación por el hecho de que estas personas sean indultadas pese a haber cometido delitos graves.

Entre sus argumentos para rechazar el decreto, la entidad mencionó que en el decreto no hay medidas que garanticen el debido proceso y la protección a las víctimas y la sociedad colombiana. Además, recordó que Colombia ha ratificado algunos instrumentos internacionales de derechos humanos y ha expedido leyes para impedir que algunos delitos sean amnistiables o indultables.

“La Ley 733 de 2002, por ejemplo, da ese tratamiento a los delitos de terrorismo, secuestro, tortura y extorsión al calificarlos como atroces y no susceptibles de ser considerados como conexos con el delito político, dando como consecuencia, la imposibilidad de adoptar medidas de perdón para algunos de los delitos en los que habrían presuntamente incurrido los integrantes de la denominada Primera Línea”, sostuvo la Defensoría.

Asimismo, el órgano constitucional para los derechos humanos destacó que el proyecto de Paz Total —sancionado en noviembre pasado— también contenía beneficios para estas personas capturadas en su documento original. Sin embargo, el Congreso excluyó esos artículos tras debatirlos.

La Defensoría dijo que respeta todas las ramas del poder y “está presta a brindar oportunidades sociales y jurídicas a la juventud colombiana”. Sin embargo, advirtió que revisará el documento y tomará acciones legales o presentará recomendaciones si nota que este atenta contra los derechos de las víctimas del Paro Nacional de 2021.

Este cuestionamiento se suma al de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. “La preocupación de la Procuraduría es si esta ley le entregó libertad absoluta al presidente para poder determinar con claridad a quien puede escoger como voceros de paz. Consideramos que esa libertad absoluta no puede entregársele a un gobierno, sino que tiene que ser regulada y determinada por una ley que lo reglamente”, afirmó al informativo Noticias RCN.

Políticos que se han opuesto al decreto

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, señaló a través de su cuenta de Twitter que “Los 100.000 ‘gestores de paz’ serán activistas políticos (y muchos milicias políticas) al servicio de la eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los colombianos”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal añadió: “Petro pretende darle $1′000.000 a 100 mil jóvenes por ser ‘gestores de paz’ ¿De dónde saldrá ese billón doscientos mil pesos? Los jóvenes entenderán que no es trabajando sino delinquiendo que se pueden ganar un millón de pesos, siendo gestores de paz como los de ‘Primera Línea’”.

El tuitero y activista uribista Jaime Arizabaleta dijo: “100 mil “gestores de paz” con sueldo de 1 millón de pesos es el inicio de unos colectivos, que harán lo que sea para perpetuar a su empleador en el poder”.

El excandidato presidencial por el Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, dijo “Petro anunció que 100.000 jóvenes gestores de paz recibirán $1 millón mensuales. Este tipo de payasadas sin sustento, hablar por hablar, generar expectativas al garete es populismo del más peligroso. A los socialistas no les interesa la realidad, como dicen: viven en Narnia”.

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