Indígenas arhuacos, molestos con el gobierno de Petro, anuncian bloqueos: “Se están violando derechos fundamentales”:

Al parecer el Gobierno estaría incumpliéndole a la comunidad por lo que su vocero Norey Quigua, indicó que cerca de 4000 nativos se movilizaron a Valledupar y esperan hablar con el jefe de Estado o el ministro del Interior

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El vocero de los indígenas mencionó que no desean llegar a las vías de hecho pero están preparados para los bloqueos sí no obtienen respuesta del Gobierno. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
El vocero de los indígenas mencionó que no desean llegar a las vías de hecho pero están preparados para los bloqueos sí no obtienen respuesta del Gobierno. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Gustavo Petro ya completó 4 meses en la presidencia de la República, el jefe de Estado que ha marcado historia al convertirse en el primer mandatario abiertamente de izquierda elegido popularmente empieza a tener problemas con una población que fue fundamental en su campaña electoral, con los indígenas.

El día de ayer 13 de diciembre al occidente de Bogotá miembros de la comunidad indígena Emberá que se encuentran asentados provisionalmente en la Unidad de Protección Integral de la Florida, protagonizaron bloqueos sobre la calle 80 y finalmente irrumpieron en el edificio de la Unidad para las Víctimas, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que les permitió levantar un campamento a principios de año.

De igual manera se expresó un vocero de la comunidad indígena Arahuaca, quien señaló que al igual que los Emberá en Bogotá, tendrán que movilizarse para hacer visible la gravedad de sus problemas.

El pueblo arhuaco se moviliza porque a más de siete meses de haber elegido nuestro cabildo gobernador, el Gobierno se niega a expedir el respectivo registro, lo cual es como si en Colombia hubiéramos elegido un presidente y no tuviera la declaración del Consejo Nacional Electoral”, comentó Norey Quigua.

Al rededor de 4.000 nativos están en Valledupar, por lo que señaló el vocero arahuaco que pese a que no desean llegar a los canales de hecho, si no obtienen respuesta por parte del Gobierno, se lanzaran sobre las calles del departamento del Cesar.

El pueblo arhuaco se está viendo vulnerado porque se están violando derechos fundamentales de la gente como acceso a la salud, a la educación, tenemos muchos jóvenes que por no tener nuestro cabildo gobernador no han podido acceder a la educación superior, no se han podido afiliar al sistema de salud y otros que no han podido definir su situación militar”, indicó Norey Quigua.

Las exigencias de la comunidad indígena están en un dialogo directo con la presidencia de la República o con el ministerio del Interior. Se debe recordar que respecto al suceso con lo Emberá en Bogotá Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas, rechazó la toma del edificio por parte de los indígenas. “Rechazo rotundamente que sea a través de la violencia con la cual las comunidades busquen que se cumplan las garantías de sus derechos cuando estamos avanzando en el diálogo, en sus territorios y en la ruta con ellos”, sostuvo.

La polémica de Petro

Una tendencia crece en la red social de Twitter y tiene como protagonista al presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esta es calificado como un “dictador” y sus opositores le recriminan sus recientes salidas en torno a la liberación de jóvenes integrantes de la primera línea para ser gestores de paz, así como su respaldo al expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido en este país.

Cuatro países, entre ellos Colombia, emitieron un comunicado para sentar su preocupación por lo vivido en Perú, el cual ha sido polémico. Luego de que mientras la mayoría de países se han solidarizado con el pueblo Inca y sus sistemas de democracia, en el texto emitido y firmado por los gobiernos de Argentina, México y Bolivia manifiestan su preocupación referente a la situación del detenido Pedro Castillo.

Para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.

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