Dos coroneles del Batallón La Popa que no reconocieron su participación en ‘falsos positivos’ serán investigados por una unidad especial de la JEP

Por no reconocer su responsabilidad en hechos que involucraron ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como ‘falsos positivos’, mientras estuvieron al mando del Batallón La Popa, en Cesar, los procesos contra los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez fueron remitidos por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas hacia la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estos coroneles fueron procesados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada; en consecuencia, la Sala indicó que “cuenta con bases suficientes para entender que, entre enero de 2002 y julio de 2005, mientras estos dos comparecientes comandaron el Batallón La Popa, además de los 71 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas determinados en el Auto 128 de 2021, ocurrieron seis eventos más que significaron el homicidio de ocho personas”.

Ahora, la UIA tomará los casos contra estos coroneles en retiro, que deberá definir si presenta acusación formal contra ellos ante el Tribunal de Paz, en donde deberán afrontar un juicio que podría terminar en una condena en su contra. En el proceso podrá participar la Procuraduría y representantes de las víctimas.

Según el periódico El Tiempo, la Unidad tiene hasta el momento cuatro casos. Tres de estos corresponden a falsos positivos, y el cuarto “tiene como protagonista a un exparlamentario del Caquetá y a las otrora Farc”, reveló una fuente al medio mencionado.

Se trataría, según el diario bogotano, del excongresista Luis Fernando Almario, acusado de estar implicado en el crimen de Diego Turbay Cote, su madre, Inés Cotre, y cinco personas más en diciembre del 2000. Su caso fue remitido a la UIA en octubre del 2021 porque no aceptó su responsabilidad.

También es investigado por participar en el secuestro en 2002 de Benjamín Herrera Londoño, así como por ser determinador en el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc en 1995.

Estas personas ya no tienen derecho a las sanciones propias de la justicia transicional por no haber aceptado su responsabilidad en los hechos y podrían ser condenados a penas privativas de la libertad que van desde los 15 hasta los 20 años. Si aceptaran su responsabilidad antes de que se emita una sentencia, la pena podría ser de solo ocho años.

Los militares que sí reconocieron su participación en los hechos no pagarán con cárcel

El pasado 9 de diciembre la JEP comunicó que más de diez integrantes del Batallón La Popa serán sancionados acorde a lo estipulado por el organismo, luego de reconocer su participación en casos de falsos positivos.

“La Jurisdicción Especial para la Paz expide tercera resolución de conclusiones y decide que 12, de los 15 integrantes del Batallón de La Popa imputados por ‘falsos positivos’, sean postulados para que se les imponga sanciones propias al reconocer su responsabilidad y aportar verdad plena”, expuso la JEP.

Entre los señalados destacan altos mandos de la institución y soldados profesionales, entre estos, están:

Mayor Guillermo Gutiérrez

Mayor Heber Gómez

Teniente Carlos Lora

Subteniente Eduart Gustavo Álvarez

Subteniente Elkin Leonardo Burgos.

Sargento primero Efraín Andrade Perea

Sargento primero Manuel Valentín Padilla

Sargento viceprimero José de Jesús Rueda Quintero

Cabo tercero Elkin Rojas

Soldado profesional Juan Carlos Soto

Soldado profesional Yeris Andrés Gómez

Soldado profesional Alex José Mercado Sierra

Luego de varias audiencias e investigaciones, será la sección primera del tribunal la que se encargará de imponer sanciones sobre el caso. Todo va de la mano con lo que resaltó la misma JEP, pues se acoge a la medida de verdad completa y detallada para el esclarecimiento de los casos en cuestión.

“A través del auto remitido a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad, que se encargará de imponer las sanciones propias, la JEP determinó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva”.

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