Esta semana sigue siendo crucial para la continuidad de Hidroituango, pues se acerca la fecha límite, exigida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que era el 30 de noviembre, y que se suponía, si no se cumplía, acarrearía con una billonaria sanción en contra del operador, las Empresas Públicas de Medellín, que están en medio del dilema de los simulacros de evacuación, pues las comunidades aguas abajo aún reclaman garantías para estas actividades, además que siguen sumidas en la zozobra que en cualquier momento ocurra una tragedia.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, fue quien aseguró que existe una gran posibilidad que la CREG desestime esta sanción, pues lo que falta no es tan trascendental o funcional, y aunque el gran dilema son las evacuaciones, reiteró que ya se podría entrar a operar.
La misma idea es la que ha planteado EPM, que en un comunicado re enfatizó el hecho que las mesas de trabajo con las comunidades, junto con el acompañamiento de los entes de control, se ha permitido articular un trabajo que garantiza la seguridad de sus habitantes.
Más o menos, la sanción podría ascender a los 3 billones de pesos, aunque, como lo expresó el mandatario antioqueño, los verificadores y auditorías ya habrían certificado a Hidroituango, por lo que esta multa no tendría lugar:
Comunidades piden más garantías para las evacuaciones
El movimiento social llamado Ríos Vivos está realizando un plantón en frente de las oficinas de EPM, en Medellín, donde además de pedir mayor atención para las comunidades aguas abajo de la hidroeléctrica, pues desde la emergencia en el año 2018, muchas familias quedaron afectadas y aún no son reparadas.
La preocupación se hace evidente, hace una semana cuando se convocaron a estos simulacros, por el contrario, se aprovechó la jornada para protestar en contra del proyecto, y exigir mayores espacios de participación, pues su integridad no está asegurada, y quienes ya han sido afectados no tienen una solución a sus problemas.
En entrevista con El Espectador, Óscar Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, manifestó que el temor que viven las comunidades se volvió parte de su día a día, por lo que la gente no sabe que hacer o para donde irse, garantizando así su tranquilidad:
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