Luego de varias semanas donde se puso en el centro de la discusión a los precios de la energía en Colombia, que muchos ya consideraban como una crisis energética, y donde muchas familias vieron incrementos desbordados en sus facturas, las agremiaciones y empresas del sector se sentaron con el gobierno nacional, puntualmente con el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de llegar a un acuerdo para frenar estas alzas tarifarias, a partir de diversos acuerdos donde se pudiera garantizar el precio, de manera estable. Finalmente, varios dieron su ‘brazo a torcer’ y voluntariamente han empezado a disminuir los costos, decisión que tomarán las demás compañías y que se espera, surta efectos inmediatos, o al menos en un corto plazo.
El acuerdo lo denominó el gobierno como el Pacto por la Justicia Tarifaria, que poco a poco ha empezado a sumar compañías para la iniciativa de la reducción de los precios, garantizando su estabilización en el futuro:
“En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, explicó la viceministra de energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.
Adicionalmente, el gobierno explicó que se buscará un nuevo esquema tarifario y de regulación, que les permitirá a dichas compañías a bajar los costos, sin tener una gran implicación, al menos desde sus intereses económicos.
“Es responsabilidad de este Gobierno velar por una justicia tarifaria, en la que los usuarios pueden acceder a la energía a costos razonables. Además, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, en el cual las empresas hagan las respectivas inversiones con las cuales se comprometieron y así podamos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, resaltó la ministra Irene Vélez Torres.
Con el paso de los días varias empresas han dicho que comenzarán con la reducción de las tarifas, caso de las Empresas Públicas de Medellín, Aire - Energía, entre otras que se han sumado al pacto, lo que llevó a que la Asociación nacional de Empresas de Servicios Públicos, Andesco, unir a todos sus afiliados a dichas disposiciones.
Según explicaron, en total son 32 los afiliados, que unánimemente decidieron bajar las taridas, que empezarán a notarse esos cambios a partir del próximo mes de noviembre, que busca el alivio de los usuarios, y en parte de la economía nacional.
“Si bien esta situación no ha sido generada por el sector, este ha hecho esfuerzos significativos para coadyuvar a la solución. La mayoría de los comercializadores han financiado estos incrementos y, desde Andesco, en conjunto con sus empresas afiliadas, que representan todas las actividades de la cadena de prestación, se ha trabajado de manera propositiva desde hace varios meses en soluciones para mitigar los impactos hacia los usuarios. Además, la Asociación lideró las primeras propuestas de corto y mediano plazo que presentó el sector al Gobierno y participó en las diferentes mesas de trabajo”, destacan desde Andesco.
Pues precisamente ese diálogo, busca, entre otras cosas, que no se vea vulnerada la sostenibilidad de las compañías, permitiendo que para finales de este 2022 se logre una reducción total entre el 4 % y el 8 %, permitiendo así que al principio del 2023 se logre, finalmente una estabilización en las tarifas.
“Como resultado, el compromiso de nuestros afiliados se ve reflejado en las decisiones y acciones orientadas a una reducción en las tarifas en favor de los usuarios y cuidando la sostenibilidad de las empresas para que puedan seguir prestando el servicio (...) Será necesario continuar con nuestra propuesta del “todos ponen”, que permita no sólo a los prestadores realizar sus aportes sino el rol de gobierno en cuanto al soporte para el componente de pérdidas, así como garantizar otras fuentes de financiación, asunto clave”, destacó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.
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