Ola invernal: avanzan censos en poblaciones cercanas al Canal del Dique y al Embalse del Guájaro

La ola invernal en Colombia sigue avanzando y con esto las autoridades han comenzado a preparar los planes de contingencia para mitigar y evitar cualquier tipo de afectaciones que se puedan presentar por las lluvias en el país.

Es por esto, y ante el temor de inundaciones, que la Secretaría de Interior y su Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la gobernación de Atlántico empezaron el censo de las viviendas en condición de vulnerabilidad que se encuentran cercanas al Embalse del Guájaro y al Canal del Dique.

La funcionaria aseguró que a la fecha en el corregimiento de La Peña, jurisdicción de Sabanalarga, se han censado 842 personas en 248 viviendas que están ubicadas en los barrios El Tamarindo y sus sectores aledaños; Los Cocos, Loma Fresca, Piedra China y la zona de Puerto Bello, ubicada en la periferia del Embalse de El Guájaro.

El censo también se estará realizando en los municipios de Santa Lucía y Campo de la Cruz, al igual que sus corregimientos de Algodonal y Bohórquez, respectivamente. Además, se llevará a cabo en los corregimientos de Aguada de Pablo, Villa Rosa, Las Compuertas y Rotinet.

La funcionaria también explicó que el objetivo del censo es tener una caracterización de las familias en condición de vulnerabilidad en las poblaciones del sur del departamento.

Es importante señalar que en esta zona del departamento de Atlántico hay alerta por un posible desbordamiento de este cuerpo de agua que, actualmente, registra una altura de 5,17 metros cuando la cota máxima es de 5,20 metros.

El 28 de septiembre, un año después que se presentara el rompimiento de uno de los diques del río Cauca en la región de La Mojana, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó a las autoridades de gestión de riesgo adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de los más de 63.000 damnificados por las inundaciones.

La entidad hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de desastres (Ungrd) y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo con el propósito que se implementen acciones para garantizar los derechos a la vida, salud y bienestar de las comunidades que habitan 11 municipios en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, que se han visto afectadas por el desbordamiento del segundo afluente más importante de Colombia.

“La situación que viven los pobladores no da espera, es necesario que se adopten acciones inmediatas que permitan proteger los derechos de las comunidades afectadas, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, educación, la salud y a la seguridad alimentaria”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien advirtió que las obras adelantadas en esta región al noroccidente de Colombia no han sido efectivas para mitigar las inundaciones.

A su vez, el funcionario expresó su preocupación frente la suspensión de las obras de emergencia y la falta de un plan de contingencia para enfrentar la emergencia que se presenta desde hace un año en esta región, cuando se rompieron 15 metros de dique en el sector conocido como Cara de Gato y que recurrentemente sufre inundaciones en las temporadas invernales.

De igual manera, el funcionario se refirió a la reubicación de las comunidades asentadas en La Mojana, señalando que aún no era clara la delimitación e identificación de los predios, su productividad, los cronogramas para la construcción de vivienda, servicios públicos, saneamiento básico, centro educativos y de salud, entre otros servicios.

“Sin la implementación de medidas de mitigación, la comunidad continuará siendo afectada por las filtraciones e inundaciones producto de la segunda temporada invernal del año”, indicó el funcionario frente a esta grave emergencia que afecta a miles de familias desde hace un año.

Por último, la Defensoría indicó que quien explicó que un equipo de la entidad adelantó una mesa de trabajo en el municipio de San Marcos, Sucre, con organizaciones campesinas, autoridades y gremios, con el fin de analizar la problemática causada por las inundaciones y de identificar alternativas para la protección de los derechos de las comunidades.

SEGUIR LEYENDO: