JEP citó a Benito Osorio y Benito Molina por despojo de tierras y desplazamiento

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP— citó a Benito Molina Velarde, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba; Benito Osorio Villadiego, exgobernador de ese departamento; el abogado Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán; el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo; y Jaime Augusto García Exbrayat, exdirector de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge —CSV— , por nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Córdoba.

De acuerdo con el expediente que reposa en esta sección del tribunal especial de paz, es que todos los comparecientes integraron la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, y en ese orden, estarían implicados en el despojo de 121 predios a más de 150 familias en ese departamento en conjunto con paramilitares y el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria —Incora—.

Cabe indicar que en enero de este año, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada a Benito Osorio; empero, el exgobernador tiene una condena de más de 19 años de prisión por los delitos de lavado de activos, testaferrato, traslado o desplazamiento forzado de población civil, concierto para delinquir y ocupación y destrucción de bienes protegidos.

Para su entrada a la JEP, su defensa entregó documentación que incluye actas del Fondo Ganadero de Córdoba, una carta firmada por Sor Teresa Gómez y las pruebas de varios bienes entregados para reparación en la justicia ordinaria. Todo esto fue tomado en cuenta como aporte a la verdad sobre lo ocurrido en esta región del Caribe Colombiano.

Sumado a eso, la Sección de Apelación del tribunal especial manifestó este jueves que “la finalidad de las diligencias de aporte de verdad no es otra que la de propiciar el espacio para que quien se someta a la JEP inicie sus aportes de verdad, los cuales deben progresivamente ser más completos hasta llegar a ser considerados como una verdad plena”, además de entregarle a los comparecientes cualquier tratamiento jurídico especial de acuerdo con sus contribuciones.

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Con respecto a Benito Molina, este ha sido acusado de tener vínculos con paramilitares mientras oficiaba como presidente del Fondo Ganadero de Córdoba entre 1997 y 2007. De acuerdo con su expediente, Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las AUC, despojaron cientos de familias en Tupalas, zona que está ubicada entre San Pedro de Urabá, Turbo y Necoclí —Antioquia—. Por estos hechos, fue condenado a 16 años y 8 meses de cárcel.

Sin embargo, la jurisdicción especial tuvo en cuenta las versiones entregadas por Molina entre el 7 y el 9 de diciembre de 2020, y el 20 de enero y 1 de febrero del año siguiente, valorando que describen “preliminarmente las redes de apoyo político local y regional del grupo armado ilegal para la concreción del plan criminal y el fortalecimiento del proyecto paramilitar”. Este fue el inicio del ventilador que prendió en el tribunal de paz.

En mayo de 2021, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le otorgó la libertad, pues los testimonios entregados superaron los hechos por los cuales estaba siendo investigado y condenado por la justicia ordinaria. Sumado a eso, reconocieron que su relato fue un aporte importante “acerca del contexto de conflicto, y los intereses de las Autodefensas Unidas de Colombia, no solo en la cooptación del Fondo Ganadero de Córdoba, sino en las grandes inversiones estratégicas”.

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