Las irregularidades tras la compra de una mansión en Pereira del contralor Felipe Córdoba y su esposa, Marcela Yepes

El levantamiento de esa obra se ha venido haciendo bajo la supervisión de Albeiro Rivera, amigo del contralor y accionista de la constructora Grupo Rivera, involucrado también en escándalo de la nueva sede de la Contraloría en Pereira

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Contralor General Carlos Felipe Córdoba  (Colprensa - Álvaro Tavera)
Contralor General Carlos Felipe Córdoba (Colprensa - Álvaro Tavera)

El contralor colombiano, Felipe Córdoba, y su esposa, Marcela Yepes, ocupan de nuevo espacios en la prensa nacional debido a supuestas irregularidades en su comportamiento dentro de los cargos que han ocupado dentro del espectro público. Una mansión en Pereira, bajo su propiedad, ha tenido a medios de comunicación tratando de esclarecer lo que hay detrás de aquella adquisición que, al parecer, según denuncias, también se habría hecho de una manera fuera de lo convencional y legal.

Según el diario El Espectador, se trata de una vivienda ubicada entre Cerritos y Malabar, al occidente de Pereira. Un espacio que completa los 1.083 metros cuadrados y que cuenta con guaduales, un quiosco y una piscina. La casa tan solo abarca un fragmento de un lote que tiene, en su totalidad, una superficie de 4.175 metros.

De acuerdo con lo que denuncia ese medio de comunicación, al lado de otros como Cuestión Pública y Las 2Orillas, aquel terreno y construcción se encuentran inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria 290-147727, en donde se expone que, desde el 5 de octubre del 2021, pertenece a Marcela María Yepes, hija de Ómar Yepes Alzate, importante personalidad dentro del Partido Conservador. Marcela Yepes fue directora ejecutiva de la Fiscalía hasta el 2020, año en el que decidió apartarse de su cargo.

Luego de cerrar el negocio de la adquisición de lote, empezó la construcción de la lujosa casa. El levantamiento de esa obra se ha venido haciendo bajo la supervisión de Albeiro Rivera, amigo del contralor y accionista de la constructora Grupo Rivera, involucrado también en escándalo de las supuestas irregularidades dentro de la compra de la nueva sede de la Contraloría en Pereira. Este último caso expone que, aparentemente, se habría pagado un 62% más de dinero del costo que originalmente tendría el espacio.

Esa nueva sede de la Contraloría fue inaugurada el miércoles 11 de mayo de este año, en presencia de Córdoba y otras autoridades políticas de Pereira y Risaralda. Es un edificio de seis pisos, tres locales comerciales, dos sótanos y un semisótano. Tiene 2.528 metros cuadrados construidos. El valor del proyecto fue de 12.157 millones de pesos. De aquel total, 5.184 millones de pesos se invirtieron en el pago del inmueble y 6.973 de pesos en la terminación del edificio.

El lío que involucra la mansión que estará a nombre de Córdoba y Yepes tiene que ver con los movimientos ilícitos que habrían alrededor de la permuta que se hizo de ese inmueble con Sara Moreno Castrillón, esposa de Aurelio Mejía Saraza, político conservador de Caldas. Aquellas personas son recordadas luego de que sus nombres se vieran involucrados en un escándalo, hacia 1993, por tener un laboratorio de cocaína en una finca de Aranzazú, en Caldas.

Al mismo tiempo que se cuestiona lo ocurrido con esta propiedad, se ha encendido la polémica por la millonaria mansión que, por su parte, también estaría construyendo Luis Alberto Rodríguez, exdirector del DNP.

La casa estaría avaluada en más de dos millones de dólares. La vivienda quedaría ubicada en el sector conocido como Jardines Ecce Homo y tendría capacidad para muchas personas, dado que tiene “ocho habitaciones, salones, garajes múltiples, piscinas y zonas construidas que pueden ser para un gimnasio profesional”, dice La Nueva Prensa.

Es de recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de candidatos a Contralor General que había presentado Córdoba. Esta decisión se tomó luego de que la ciudadana Dalal Karime Dager Nieto interpusiera una acción popular pidiendo al Tribunal que ordenara rehacer esa lista porque, según ella, aquel documento no cumplía con el principio de equidad de género y el principio mérito.

“Esta Magistratura advierte que la mencionada Comisión, sin que mediara justificación alguna, seleccionó de dichos ciudadanos a 10 participantes, sin que estos fueran los que obtuvieran los mejores resultados, pues se dejó de lado, por ejemplo, a aquel que obtuvo el segundo lugar y tuvo en cuenta únicamente dos mujeres, cuando existía una tercera con un puntaje igual a uno de los incluidos”, se lee en el fallo.

Dentro de los candidatos, precisamente, se encontraba Luis Alberto Rodríguez. Este último, además de todo, no cumplía con el principio de mérito porque, según se argumenta, no cumple con el requisito de la edad, pues no supera los 35 años.

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