“Aquí se produce y allí la consumen… En fin, la hipocresía”

En la coyuntura de elecciones, el reto mayor del próximo gobierno, sin importar su afiliación política y desde un abordaje estatal, es seguir profundizando desde lo militar pero también desde un enfoque de salud, empleo y educación para frenar y prevenir el consumo de drogas

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Cultivos de coca. Archivo de la Policía Nacional
Cultivos de coca. Archivo de la Policía Nacional

La reciente baja de alias Matamba en una zona rural de Colombia o la extradición de Otoniel hacia Estados Unidos o la muerte de Gentil Duarte en Venezuela, ponen de manifiesto que el narcotráfico es uno de los principales problemas para cualquier país de nuestro hemisferio, sin mencionar el empleo, pobreza, corrupción, medio ambiente, etc.

Sin embargo, desde hace unos años dejó de ser un problema netamente de seguridad con innumerables eslabones de violencia como el asesinato de líderes sociales y ambientales, desplazamiento campesinos, atentados con bombas, tráfico de personas y la lista interminable de crímenes que podríamos mencionar.

También, es un tema de salud pública especialmente entre los jóvenes y de coherencia entre las personas no solo en Estados Unidos y Europa, sino en América Latina que entre todos financian adquiriendo los estupefacientes producidos por los grupos armados que tanto daño le hacen a países como Colombia.

La frase de cajón: “acá se produce y allá la consumen” es una foto en blanco y negro, las cifras muestran que hasta 2019, 2,3 millones de colombianos entre los 12 y 65 años las han consumido en algún momento de sus vidas, según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de Colombia.

Este número es equiparable a la población de ciudades como Medellín, Quito o Buenos Aires (CF). Según el Informe Mundial sobre Drogas de 2021, el porcentaje de adolescentes que perciben el consumo de cannabis como perjudicial ha disminuido hasta un 40 % y entre 2010 y 2019, el número de personas que consumen drogas ilícitas aumentó un 22 %.

Colombia en particular se enfrenta a un reto diferente: la criminalidad urbana y grupos armados ilegales mutan tan rápido como el covid-19 con disidentes de las FARC y grupos armados residuales exparamilitares o el ELN que se disputan el negocio del narcotráfico, y a pesar de los logros recientes en la disminución de hectáreas de cultivos de coca para fines ilícitos o incautaciones de cientos de toneladas de coca, la oferta también ha venido mutando durante la pandemia.

Según una encuesta realizada por la Corporación Acción Técnica Social en 2020, el 27 % de los encuestados hizo las transacciones por algún tipo de mensajería y el 12 % pagaron por medio de apps de celular.

Lo claro es que mientras la demanda siga en aumento, seguirán apareciendo nuevos Matambas y Otonieles para dedicarse al negocio. Como ciudadanos, seguramente la mayoría tenemos una imagen desfavorable de los grupos narcotraficantes y sus crímenes pero también hay que ser conscientes de que detrás de un porro, un gramo de cocaína, etc., se han cometido asesinatos y otros crímenes execrables.

En la coyuntura de elecciones presidenciales actual de Colombia, el reto mayor del próximo gobierno sin importar su afiliación política y desde un abordaje estatal, es seguir profundizando desde lo militar pero también desde un enfoque de salud, empleo y educación para frenar y prevenir el consumo entre nuestros ciudadanos, pero también se requiere mayor coordinación a nivel mundial entre países y organismos multilaterales.

Simón Santiago Doncel Montaña es politólogo y analista con experiencia en comunicación política, medición de comunicaciones y Derecho Internacional Humanitario.

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