Arquidiócesis de Medellín tendrá que mostrar archivos sobre pederastia

Dos libros, centenares de denuncias y víctimas tienen a la Iglesia Católica en Colombia sumida en un grave problema con las autoridades. Particularmente en este país, muchos sacerdotes han sido denunciados por los presuntos casos de agresión sexual. El caso, que ha trascendido hasta las cámaras más altas del vaticano, ha generado la expulsión de algunos curas por parte del mismo papa Francisco.

Como lo reseñó Juan Pablo Barrientos en su libro “Dejad que los niños vengan a mí”, desde hace varios años les había pedido a las autoridades clericales que le presentaran los archivos y documentos sobre las denuncias por acoso sexual o acceso carnal abusivo, pero por la negativa de los religiosos las quejas llegaron a instancias penales.

En total, hasta el momento, se reseñan 915 sacerdotes que al parecer están vinculados a casos de violencia sexual, algunos se han “librado” porque fallecieron o porque los retiraron del cargo. Además, muchas víctimas y familiares han preferido no ahondar en su tragedia y cargar con su pena sin entablar la denuncia.

Precisamente, el 5 de marzo del 2020 la Arquidiócesis de Medellín emitió un comunicado, tras la primera decisión de la Corte Constitucional que le ordenó entregar archivos sobre estos casos de pederastia. En ese momento aseguró que no existen archivos secretos, pero que si manejan documentos privados, amparados en la protección de la Ley Habeas Data, por lo que no están obligados a publicarlos. En otro punto, manifestaron que no existe una red de pederastia.

A pesar de las negativas y las trabas, Barrientos no desistió, y nuevamente la Corte Constitucional, tras la petición emitida desde el 19 de febrero de 2019, y con ponencia de Gloria Stella Ortiz, tomó la decisión de forma unánime: la Arquidiócesis de Medellín deberá entregarle, en un plazo no mayor a 48 horas, los “archivos secretos” que relacionan a los sacerdotes en los casos de pederastia.

De hecho, el alto tribunal determinó que la información tiene una importante relevancia de carácter constitucional. Además, la iglesia tiene la obligación de contestar la totalidad de las peticiones que les ha hecho Barrientos en todos estos años.

Ante este fallo, en teoría se deberán entregar los archivos muy pronto, según el mismo Barrientos, en esos reposan las denuncias contra los menores en varias ciudades del país. “Hemos llegado a este punto porque el arzobispo de Medellín, el de Bogotá y el de Cali consideran que el derecho canónico está por encima del derecho ordinario y se niegan a cumplir con órdenes judiciales “, agregó Juan Pablo Barrientos.

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