“No se pudo demostrar que éramos narcotraficantes”: la polémica afirmación del excomandante de las Farc Marcos Calarcá

Este martes, en medio de la moción de censura que se adelanta en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por la denuncia de supuestos falsos positivos en el operativo que realizó el Ejército Nacional el pasado mes de marzo en el Putumayo, se generó una polémica por los comentarios que hizo Luis Alberto Albán, reconocido como Marcos Calarcá. El exguerrillero de las FARC, y ahora congresista por el Partido Comunes, aseguró que nunca pudo probarse que aquel grupo armado fuera narcotraficante. Los comentarios de Albán fueron calificados de descarados y cínicos.

“El 93% de quienes firmamos el acuerdo de paz estamos comprometidos en sacarlo adelante, y en el acuerdo, por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico, porque por ninguna parte en la Habana, se pudo demostrar que éramos narcotraficantes. Y así griten y murmullen, les toca escuchar porque es la verdad y si creen que no es cierto, lean el acuerdo para que podamos discutir sobre él”, dijo Calarcá, quien se desempeñó como uno de los negociadores del acuerdo de paz al que se llegó entre el Gobierno colombiano y aquella guerrilla. Para aquel entonces, Juan Manuel Santos era el presidente del país.

El alto comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, calificó como un ‘chiste’ las palabras de Calarcá. “Parece un chiste, un engaño, que es lo que no quiere el pueblo colombiano, lo que reclama es que exista justicia, reparación, no repetición, pero que exista la verdad”, enfatizó. A Restrepo se unieron víctimas del conflicto que también manifestaron su inconformidad con lo dicho por el exguerrillero.

“Fuimos testigos, estando con cadenas y candados, transitando en selvas de Colombia donde veíamos cultivos y laboratorios”, comentó el General Luis Mendieta. “Descarado narcotraficante (...) Rechazamos las afirmaciones de este narcoterrorista”, añadió Lorena Murcia, quien fue reclutada por la guerrilla cuando era tan solo una niña.

El comentario de Calarcá resultó luego de una acusación hecha por parte del congresista del Centro Democrático, Juan David Vélez. “A pesar del esfuerzo del Gobierno Nacional y billones de pesos en inversión en el departamento del Putumayo, las FARC no entregaron las rutas del narcotráfico (...) Qué bueno que hubieran ayudado un poquito entregando las rutas del narcotráfico, a ver si se acaba la intimidación ante la población civil por parte de los criminales y de las disidencias de su grupo”, afirmó Vélez.

En medio del debate respecto a las declaraciones del ahora congresista, ciudadanos recordaron lo ocurrido en el año 2012, cuando la ONU calculó que 309 toneladas de cocaína pura eran producidas en Colombia, dos tercios de aquella sustancia narcótica eran controlados por las Farc. “Dicen congresistas Farc que no se les demostró que eran narcotraficantes. Entonces, ¿por qué carajo metieron el narcotráfico como delito conexo a la rebelión, si no fue para quitarse de encima ese piano tan pesado judicialmente, y por qué prohibieron la extradición para las Farc?”, comentó en sus redes sociales Fernando Vargas Quemba, del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla.

Precisamente, Diego Molano, ministro de Defensa, dijo que en el polémico operativo del Putumayo, en el que la comunidad denuncia que cayeron civiles, se buscaba darle un golpe a la estructura de criminal de Comandos de Frontera, organización criminal que está bajo los mandos de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia fundada por Iván Márquez.

Esa estructura, dijo el jefe de esa cartera gubernamental, cuenta con 363 integrantes en armas, 107 redes de apoyo y 12 comisiones. Dijo que el ataque no pretendía acabar con un grupo criminal pequeño, sino que se trata de una organización que tiene expansión en todo el sur del país. Aquella red delictiva, dice Molano, puede recoger hasta 130 kilos de pasta de base de coca semanalmente y que este grupo podría comercializar 1.430 kilogramos de pasta de base de coca. Los Grupos Armados Organizados pagarían por este producto más 2.788 millones de pesos.

“La forma como operan es a través de exigir la siembra de coca en las fincas, o la compra de fincas para siembra de coca y ponerlas a disposición de los campesinos”, argumentó.

Seguir leyendo: