La senadora Jennifer Pedraza pidió al presidente Abelardo de la Espriella que informe con precisión qué herbicidas usará en la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia, cuáles son sus componentes y cuál es el sustento legal con el que el Gobierno sostiene que esa aspersión, incluido el uso de glifosato, no contradice una sentencia de la Corte Constitucional.
La congresista radicó el 7 de agosto de 2026 un derecho de petición dirigido a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, para exigir detalles técnicos, bases de datos y anexos estadísticos en formatos abiertos como .xlsx o .csv.
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También reclamó que se precise si los productos que el Ejecutivo considera “no contaminantes” ya cuentan con registro de venta vigente ante el ICA y concepto favorable del Ministerio de Salud, o si siguen en fase de evaluación.
La solicitud de Pedraza se produjo después del discurso de posesión en el que De la Espriella anunció que su Gobierno retomará la aspersión aérea como herramienta de erradicación y que usará herbicidas de “última generación”.
El mandatario presentó esa decisión como una “prioridad nacional” y la integró a una estrategia de erradicación “por todas las vías” contra los cultivos ilícitos.
Pedraza exigió conocer la composición química y los estudios que respaldan la fumigación
En su derecho de petición, Pedraza solicitó información sobre las sustancias que el nuevo Gobierno pretende utilizar y cuestionó la referencia oficial a productos que serían “no contaminantes” y no representarían riesgos para la salud.
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La senadora pidió que se identifiquen de manera específica “las formulaciones e ingredientes activos de herbicida a base de glifosato (o alternativos a éste)” que el Gobierno considera actualmente “no contaminantes” y libres de riesgo para la salud humana.
Además, reclamó que la Presidencia precise el nombre comercial y la composición química completa de esas formulaciones, incluidos “coadyuvantes y solventes”.
También pidió conocer los estudios científicos, toxicológicos y epidemiológicos que respaldan la seguridad de los productos que eventualmente serían empleados en las labores de aspersión.
El punto central de la solicitud apunta a una pregunta concreta: qué sustancias piensa asperjar el Gobierno sobre los campos colombianos y con qué base jurídica afirma que su uso es compatible con la jurisprudencia constitucional.
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En un mensaje público, Pedraza reclamó que se informe “con toda claridad” cuáles serán los herbicidas empleados en esas labores de fumigación.
La senadora preguntó si los productos ya tienen aval de las autoridades
Otro de los puntos incluidos en el documento radicado ante la Presidencia y el DAPRE tiene que ver con el estado regulatorio de las sustancias que pretende utilizar el Gobierno.
Pedraza preguntó expresamente si las formulaciones anunciadas “cuentan ya con registro de venta vigente ante el ICA y concepto favorable del Ministerio de Salud, o si se trata de productos aún en fase de evaluación”.
La respuesta a este punto permitiría establecer si los herbicidas a los que hizo referencia el mandatario ya tienen los permisos correspondientes para su comercialización y utilización o si, por el contrario, todavía se encuentran bajo procesos de evaluación por parte de las autoridades competentes.
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La congresista también solicitó que la información técnica, las bases de datos y los anexos estadísticos sean entregados en formatos abiertos, preferiblemente .xlsx o .csv, con fundamento en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de gobernanza de datos del Ministerio.
El Gobierno defendió la aspersión como inocua y ajustada al mandato judicial
En su intervención de posesión, De la Espriella sostuvo que implementará la fumigación con herbicidas de última generación “que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.
Esa declaración fijó la línea oficial con la que el nuevo gobierno busca justificar el regreso de la aspersión aérea.
El presidente vinculó esa política con una ofensiva más amplia contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. También afirmó que la erradicación no debe medirse por estadísticas o mapas, sino por la eliminación material de la coca en el terreno.
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De la Espriella insistió en que la coca ha traído “muerte, corrupción y destrucción” y la presentó como una fuente de violencia y desplazamiento. En ese mismo marco, defendió la necesidad de retirar los cultivos ilícitos para reemplazarlos por actividades agrícolas legales.
Entre las alternativas mencionadas por el mandatario aparecieron el coco, el cacao, el café, el maíz y la palma.
La propuesta oficial plantea que la remoción de la coca abra paso a la producción y exportación de esos bienes, aunque hasta ahora el Gobierno no ha detallado el esquema técnico de la aspersión ni las formulaciones concretas de los herbicidas que utilizaría.
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