La decisión del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de no abrir una pesquisa sobre derechos civiles tras la muerte del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven repartidor abatido por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, generó sorpresa en expertos legales por los cuestionamientos que han surgido acerca del proceso de reclutamiento y supervisión de personal en agencias federales de Estados Unidos.
La ausencia de una investigación federal sobre derechos civiles en este caso ha causado desconcierto entre especialistas y legisladores, según lo que revelaron familiares del joven santandereano en diálogo con Associated Press.
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El episodio que causó indignación y hasta movilizaciones, se reportó el 13 de julio de 2026 e involucró a David Brouillette, agente de ICE y exmilitar, que abrió fuego contra Durán Guerrero mientras este se encontraba en su automóvil.
De acuerdo con la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el agente disparó luego de que el vehículo de la víctima intentara huir, alegando motivos de seguridad pública.
Sin embargo, el caso cobró notoriedad tanto por la letalidad del desenlace como por los antecedentes personales del agente implicado.
La noticia de que el FBI no investigará el caso sorprendió a observadores en el ámbito judicial.
Uno de ellos fue Sam Trepel, exfiscal federal de derechos civiles, que declaró a la cadena CBS que, ante hechos de este tipo, “el FBI es la agencia federal con mayor experiencia y conocimientos en la investigación de posibles violaciones de los derechos civiles, incluyendo tiroteos mortales perpetrados por agentes federales”.
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Dicha opinión fue compartida por funcionarios del Departamento de Justicia, quienes explicaron que en situaciones similares la Oficina del Inspector General del DHS suele tomar la iniciativa, con el apoyo del FBI en tareas de investigación.
Por su parte, un vocero del Departamento de Justicia precisó que, si durante el curso de las pesquisas surgen pruebas relevantes, la agencia evaluará las evidencias y determinará los pasos a seguir.
“Estados Unidos se toma muy en serio cualquier denuncia de violación de los derechos civiles y colaboraremos con las fuerzas del orden y las Oficinas del Inspector General para revisar de manera adecuada y exhaustiva las denuncias creíbles de violaciones de la ley de derechos civiles”, expresó un vocero del departamento a la misma agencia de prensa.
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Los antecedentes del agente de ICE David Brouillette: lo acusan de asesinar a Joan Sebastián Durán
La controversia aumentó cuando familiares y allegados de Brouillette revelaron antecedentes preocupantes.
El agente, veterano del ejército, presenta desde la infancia graves problemas de salud mental, incluidos intentos de suicidio y trastorno de estrés postraumático, según relató el círculo más cercano de Durán.
Además, la exesposa del oficial, Ashley Brouillette, aportó una grabación de voz enviada a finales de 2025, poco después de que él se uniera a ICE, donde el agente profirió insultos y amenazas veladas hacia ella y mujeres de su familia.
En el audio, Brouillette afirmaba: “Y a todos ustedes deberían cortarles la garganta. Sí, deberían. ¿Acaso los estoy amenazando con hacerlo? No. No. Pero, ¿creo que deberían cortarles la garganta? ¿O que ya deberían habérsela cortado? Sí”.
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Este conjunto de revelaciones intensificó la presión pública para que organismos federales inicien una investigación independiente.
Por consiguiente, organizaciones de derechos civiles y abogados especializados advirtieron que la falta de escrutinio podría sentar un precedente peligroso en casos donde agentes federales emplean fuerza letal.
Además, la difusión de los antecedentes de Brouillette coincidió con una etapa en la que el Departamento de Seguridad Nacional, respaldado por financiamiento adicional aprobado en el Congreso, implementó una campaña de reclutamiento acelerado para fortalecer el control migratorio durante la administración de Donald Trump.
Este proceso de contratación masiva generó dudas sobre la rigurosidad de los controles psicológicos y de antecedentes aplicados a los nuevos agentes.
Varios expertos señalaron a la agencia periodística que la presión política y la urgencia operativa pueden haber debilitado los filtros tradicionales de selección, exponiendo a la población a riesgos adicionales.
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El caso de Joan Sebastián Durán también tuvo impacto político en el estado de Maine
La senadora Susan Collins, presidenta del Comité de Asignaciones Presupuestarias en el Senado, reiteró la importancia de esclarecer el incidente, y expresó: “Es necesario que se lleve a cabo una investigación imparcial sobre el tiroteo en Biddeford, ya que los detalles que rodean esta tragedia son importantes”.
La legisladora había calificado como “sumamente lamentable” el hecho de que el agente de ICE no portara una cámara corporal durante la intervención, lo que limita las posibilidades de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.
Karolina Rojas afirmó que no sabe qué decirle a su hija de tres años tras el asesinato de su padre por parte del ICE - crédito
La situación de Durán Guerrero no es un hecho aislado. En los últimos años, la lista de muertes a manos de agentes de ICE creció, provocando alarma entre comunidades migrantes y defensores de derechos humanos.
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Esta tendencia motivó a diversos sectores a reclamar mayor transparencia y supervisión.
El desenlace del caso y la eventual reapertura de una investigación federal dependerán de la aparición de nuevas pruebas o de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
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