Consejo Nacional Electoral podría tumbar la revocatoria del alcalde de Medellín

El organismo debatirá si el comité incumplió con los requisitos, lo cual generaría una imputación de cargos, frenando la posible destitución del funcionario.

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Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A
Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Ayer el Consejo Nacional Electoral, CNE, hizo una reunión extraordinaria donde se definiría el futuro del proceso, que busca la revocatoria de Daniel Quintero, un trámite que cada semana tiene una nueva ‘traba’ o avance, lo cierto es que el organismo valoró si se certificaban las cuentas de los comités que pretenden sacar a los alcaldes de Medellín y Sincelejo.

Para el caso del funcionario antioqueño, el magistrado encargado del caso, César Augusto Abreo, estaría considerando formular 3 cargos al comité liderado por Andrés Rodríguez, porque, según el CNE, incurrieron en una serie de irregularidades las cuales señalarían que se habrían sobrepasado los topes presupuestales establecidos por ley; el incumplimiento de pago a funcionarios de la campaña, tanto el contador como el auditor y la no justificación de gastos, algunos presentados como donaciones.

Dicho comité de revocatoria ya había denunciado que el magistrado Abreo y el Consejo Nacional Electoral, había vulnerado sus derechos por la no expedición de certificados por parte de la Registraduría y el togado, además, alegan que no les permitieron acceder a otras labores judiciales.

Cabe recordar que a principios de mes, el alcalde Daniel Quintero denunció que hubo una ‘triangulación de recursos’, por lo que le pidió a las autoridades que revelen quienes son los donantes del comité, que según el mandatario, podrían haber “delincuentes y narcotraficantes” los cuales comprobarían las irregularidades que el funcionario señala.

Según lo expuesto en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, el comité revocatorio sobrepasó los 236 millones de pesos, superando así los topes establecidos por ley, los cuales aseguran los miembros del comité que presentaron los debidos soportes, pero para el magistrado Abreo, serían materia de investigación. Eso se suma al no pago de los honorarios del contador y el auditor, que, aunque desde la campaña de revocatoria, señalan el cumplimiento de los contratos, los cuales se establecieron por las etapas del proceso, el CNE determinará si las fechas de dichos acuerdos habrían finalizado después que se enviaran los informes contables a este organismo.

De hecho, el Consejo Nacional Electoral ya debía haber emitido un fallo a favor o en contra sobre los estados contables de la revocatoria, el cual estaba presionado por una tutela sancionada por el Tribunal Superior de Medellín que pedía la agilización de este proceso. A partir del pronunciamiento, se sabría si se continúa con una etapa democrática, la cual permitiría que la ciudadanía decidiera si Daniel Quintero sigue en el cargo o no.

A pesar de que Andrés Rodríguez, líder del comité, quién hace semanas aseguró que el proceso revocatorio ha sido transparente, además que se sustenta con las firmas recolectadas las cuales fueron validadas y aprobadas por la Registraduría Nacional, ahora su colectivo no comparte la misma idea. En la cuenta de Twitter de la Revocatoria Daniel Quintero, hace poco señalaron.

“Muy complicado creer en las autoridades electorales cuando suceden 2 hechos gravísimos contra los der polítcos 1. El surgimiento de más de 1.2 millones de votos durante el escrutinio y 2. La manipulación del CNE a favor de QUINTERO, mediación Gaviria, del proceso revocatoria”,

esto porque según se conoce la procedencia del magistrado César Abreo, es militante del Partido Liberal.

Dicha formulación de cargos definiría hoy si el proceso de revocatoria en contra de Daniel Quintero seguirá o no, dependiendo si el Consejo Nacional Electoral y sus 9 magistrados en la sala plena, deciden a favor o en contra de la ponencia. Se necesitarían 6 votos para determinar el futuro de la revocatoria.

Cabe reseñar que en el proceso revocatorio en contra de Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo, también se formuló un cargo por no reportar los gastos en el proceso de recolección de firmas, a pesar que sustentaron los conceptos de gastos por publicidad; hoy también, se definiría la situación del funcionario de la capital de Sucre.

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