Procuraduría presentará plan para hacer efectiva la atención de víctimas de conflicto en los siguientes 10 años

Para la mañana de este jueves se tiene programada la presentación de los retos que se trazaron en la Procuraduría General de la Nación para hacer efectiva la ley de víctimas y de restitución de tierras en los siguientes 10 años.

El evento se realizará con miras a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el próximo 9 de abril. Se busca también que el Ministerio Público presente sus resultados en la atención a esta población en el país.

“Quiero insistir en que las más de nueve millones de víctimas del país demandan que todas las instituciones del Estado, sin excepción, continuemos trabajando articuladamente en pro del restablecimiento de sus derechos”, dijo la procuradora general, Margarita Cabello.

Precisamente se busca fortalecer la gestión interinstitucional para la gestiones de asistencia y reparación de las víctimas del conflicto e intervendrán el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, Jhon Jairo Hoyos García García; el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade; la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, Eucaris Salas Salas, y la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Diana María Cadena Lozano.

Entre los resultados del trabajo de la Procuraduría, se destacaron las 300 recomendaciones a las entidades del gobierno Nacional para que fueran tenidas en cuenta para la elaboración de políticas públicas. Además recibieron 120.000 declaraciones de víctimas que estaban solicitando su ingreso a su inclusión al Registro Único de Víctimas (RUV).

También desde ese ente de control se adelantaron 11.000 actuaciones preventivas para apoyar las víctimas en el impulso de sus casos.

“A pesar de las circunstancias generadas por la pandemia y de las situaciones de orden público en algunos lugares del país, este ente de control ha garantizado la atención permanente a las víctimas del conflicto armado con la implementación de un modelo mixto de atención y orientación a víctimas”, señaló la procuradora General.

Esta entidad también envió un documento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para implemente nuevos macrocasos por desplazamiento forzado, desaparición forzada, delitos de violencia sexual, y utilización de métodos y medios ilícitos de guerra.

Asimismo, advirtieron a la JEP que es necesario que fortalezca su Sala de Reconocimiento, la cual está a cargo de las investigaciones. Esto de cara a la apertura de los nuevos macrocasos, alertando que de no hacerlo y mantener su infraestructura de personal actual no cubriría debidamente las nuevas líneas de investigación.

En este mismo sentido, la Procuraduría fue enfática en que, “los fines perseguidos con la priorización de estos nuevos macrocasos no van a poder ser alcanzados con los recursos humanos con los que cuenta la Sala actualmente. Por ello, se reitera la necesidad de una transformación y adecuación de la Sala para hacer frente a las demandas y expectativas de justicia”, concluye.

En relación con las denuncias sobre la falta de garantías de seguridad para las víctimas, el ente de control solicitó medidas de protección para diez personas que manifestaron tener un riesgo en su vida o integridad. “Que se articule, en coordinación con otras autoridades y organismos de seguridad del Estado, un proceso de seguimiento e implementación, oportuno e integral, para garantizar que estas medidas de protección tengan una verdadera materialización”, manifestaron los procuradores delegados.

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