
La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegadas de Política Criminal y Penitenciaria y de Salud y Seguridad Social estuvieron esta semana en Medellín verificando las condiciones en las que viven los privados de las estaciones de Laureles, que reporta un hacinamiento del 493%; La Candelaria, que aunque tiene capacidad para 75 personas, conviven 333, es decir un hacinamiento del 344%.
También se verificaron las condiciones de la estación de Belén, en la que se registra un hacinamiento del 740%. En general, en las 24 estaciones de policía de Medellín y el área metropolitana se registra un hacinamiento del 254%.
En el marco de la verificación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al INPEC para que trasladen a los 761 condenados que aún están en las estaciones de policía de la capital antioqueña.
En materia de Salud, la delegada evidenció vectores de enfermedades por lo que solicitó realizar una jornada de fumigación y eliminación de roedores y la verificación de las condiciones de salubridad de los privados de la libertad en las estaciones.
Se evidenciaron casos de tuberculosis, psiquiatría y falta de baterías sanitarias y no existen condiciones para que personas con discapacidad estén detenidas. En Belén no se han completado los esquemas de vacunación en contra del covid-19 por lo que se reiteró el llamado al Ministerio de Salud y entidades territoriales para completar los esquemas.
En las estaciones de Medellín no se cumple con los horarios ni con la cantidad de alimentos para cada privado de la libertad. Además la comida se entrega en condiciones deficientes.

Las denuncias por las malas condiciones de las cárceles en Medellín no son nuevas, ya que en los últimos meses se han hecho públicos reclamos por la falta de garantías y condiciones favorables para el personal privado de la libertad. En específico, la cárcel El Pedregal ha recibido reiteradas denuncias por la falta de salubridad y idoneidad de los alimentos suministrados, los cuales causaron, en septiembre, una intoxicación masiva en el pabellón de mujeres.
Ahora, debido a que la situación no cambia, cabildantes de Medellín, en medio de un debate en las instalaciones del Concejo, solicitaron que se declare crisis carcelaria en la ciudad. Esto, acompañado de los reportes de líderes sociales que denuncian las paupérrimas condiciones de vida al interior de los recintos.
El abogado Jorge Alberto Carmona Vélez, quien ha trabajado en defensa de los derechos humanos de los reclusos, expresó en la sesión que la Alcaldía de Medellín no está siendo honesta al evaluar las condiciones de las cárceles.
“La secretaría de Gobierno llegó al debate a mostrar hechos que no son realidad, lo que ellos mostraron allá es una cosa totalmente diferente a la realidad que se vive en las cárceles, entonces queda ese sin sabor porque no hay voluntad política”, indicó el abogado, según recogió Blu Radio.
Por esto, según El Espectador, se busca que la administración local invierta 60.000 millones de pesos en la construcción de otras cárceles para evitar el hacinamiento en las penitenciarías actuales.
Según las cifras del concejal Daniel Duque, existen 7.000 presos en la ciudad y 2.000 personas sindicadas que no han sido condenadas, quienes ingresarían a los recintos para agravar la condición de hacinamiento.
Luis Bernardo Vélez, concejal de Medellín, también sostiene que no existe voluntad por parte de la alcaldía frente a la problemática. “Solamente hay un diseño de la cárcel, pero no hay ni siquiera han escogido un terreno de donde se haría, el tema carcelario es gravísimo en esta ciudad, y no se ve presupuesto para esta situación”, expresó el cabildante.
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