Sergio Fajardo recusó al contralor por caso Hidroituango

El caso Hidroituango sigue siendo uno de los titulares más constantes de la prensa nacional. La polémica sobre aquel proyecto hidroeléctrico no se detiene y, en la mañana de este miércoles, tuvo una nueva actualización. Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, recusó al contralor general General de la Nación justo en los momentos en los que se acerca una posible conclusión respecto al fallo de responsabilidad fiscal por esa construcción. Blu Radio fue el medio encargado de dar la noticia en primicia.

Esta acción por parte de Fajardo genera un nuevo retraso en el caso y dilata la decisión final. Tal y como lo argumentó, en el proceso fiscal hubo una ”vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad“.

“Esta no es una recusación para apartar al señor contralor del proceso UCC-PRF-014-2019, pues el señor contralor no es competente para adoptar la decisión de fondo en el caso. Sin embargo, sí es competente para resolver la recusación presentada contra la contralora Delegada Intersectorial No9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y los miembros de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, y sobre esa decisión versa esta recusación”, se lee en el documento de la petición.

Carlos Felipe Córdoba, el contralor, de acuerdo con lo que dice Fajardo, ha sido abiertamente claro con su posición en respaldo al fallo y a todo lo que lo rodea, es decir, al proceso y a los funcionaros que lo llevan. Esto, para Fajardo, es contraproducente pues Córdoba no tendría la capacidad de ser imparcial y de resolver el caso de la manera correcta.

“Más aún cuando dicha recusación cuestiona la independencia e imparcialidad estructural de la Contraloría General de la República y la posición institucional que dicha entidad ha asumido a favor de un fallo que aún no se encuentra en firme”, añadió Fajardo.

Sergio Fajardo hace parte del grupo de imputados por la responsabilidad fiscal en Hidroituango que supera los cuatro billones de pesos. En esa lista, en la que hay 26 declarados con responsabilidad fiscal por culpa grave, resaltan los nombres de Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011). Así lo recordó la revista Semana.

Ese mismo medio trajo a la conversación decisiones que ya se han tomado en el caso, por ejemplo, el embargo de las cuentas del exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria y del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, por orden de la Contraloría. También, el embargo en las cuentas de Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno, miembros de la Junta Directiva del Consorcio de Hidroituango. Al final, Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón, miembro de la Junta Directiva y funcionario del Idea, respectivamente, fueron absueltos.

La Contraloría explicó que la problemática de Hidroituango es la conclusión de acciones y omisiones cometidas por diferentes funcionarios entre el 2008 y el 2015. Lo que llevó a que se desencadenara la crisis fue toda una serie de errores respecto a la planeación, diseño, ejecución y control sobre la obra.

Justamente, en horas recientes, la Procuraduría General de la Nación anunció que había negado la recusación interpuesta por la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa, que, de la misma manera, aseguró que esa entidad y la Contraloría no le estaban dando garantías en el proceso de responsabilidad fiscal.

Así como Fajardo, aseguró que, de acuerdo con lo que había visto en medios de comunicación, dudaba de la imparcialidad de las autoridades para asumir el caso. “Dado que la recusación recae sobre el servidor público que deba adelantar, realizar o decidir una actuación (en ese caso de índole fiscal), no sería factible alegar una causal frente a un funcionario que no esté conociendo el expediente, lo que implica que al ser inviable el evento impeditivo, carece de potencialidad y virtualidad de afectar el principio de imparcialidad”, se lee en la decisión.

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