Hay cerca de 330.000 demandas en contra del Estado colombiano

El director de la agencia encargada de defender jurídicamente a la nación explicó que para resolver ese flujo de procesos se creó un laboratorio encargado de ejercer el derecho desde la innovación tecnológica

Bogotá. Diciembre 5 de 2019. María Clara González, Camilo Gómez (Foto) y Francisco Barbosa serán escuchados por los magistrados de la Corte Suprema para elegir el próximo fiscal general.
Bogotá. Diciembre 5 de 2019. María Clara González, Camilo Gómez (Foto) y Francisco Barbosa serán escuchados por los magistrados de la Corte Suprema para elegir el próximo fiscal general.

Sin entrar en muchos detalles, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Juan Camilo Gómez, comentó este jueves, durante el Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Andicom que la nación se enfrenta en este momento a poco más de 329.000 demandas legales.

De acuerdo con lo dicho por el funcionario, al sumarse todos, los litigios tienen la intención de hacer que el Estado colombiano pague sanciones por $440 billones por diferentes motivos, como presuntos incumplimientos de contratos o vulneraciones de derechos fundamentales que deben ser garantizados por las autoridades nacionales; o por desfalcos a las arcas del país por parte de terceros.

Con ese preámbulo, y con el objetivo de facilitar la gestión de semejante cantidad de procesos jurídicos, Gómez lanzó durante el evento un nuevo laboratorio de innovación y legaltech, que buscará impulsar la modernización de la labor que hace la mencionada agencia

El anuncio se hizo durante la conferencia Tecnología y Derecho del evento, donde advirtió que dichos rubros deben ser un matrimonio indisoluble en estos tiempos. Según destacó el funcionario, “la cuarta revolución industrial ha ingresado al mundo jurídico por lo que se hace necesario desde las entidades del Estado adelantar sus propios ejercicios de innovación en materia jurídica. A esto se le conoce como Legaltech”.

Tras esto, explicó que el laboratorio fue creado para mejorar los servicios existentes de la agencia y crear nuevos servicios que ayuden a las entidades públicas en su defensa jurídica; impulsar y acompañar procesos de innovación en las áreas jurídicas de las entidades públicas; y modernizar el ejercicio jurídico del Estado conforme a las tendencias mundiales.

Valga decir que, según lo dicho por Gómez, también se trató más de una necesidad impuesta por las condiciones actuales, pues “Imagínense que a estas alturas de la tecnología, nos tocó ir juzgado por juzgado consiguiendo piezas procesales, hoy con los cambios de la tecnología y la pandemia los juzgados empiezan a tener toda la información en digital y esto que hicimos, ya no será necesario hacerlo, porque nos va a permitir hacer las cosas más fáciles”.

Para ello, agregó, se basará en estrategias y metodologías derivadas de las corrientes conocidas como design thinking y lean manufacturing.

Eso pues, “Hoy los abogados con grandes volúmenes de información no podemos depender solamente del papel y el ojo, hay que ayudarse en la tecnología y hay que ponerle al derecho tecnología, sin quitarle el trabajo a los abogados sino facilitándolo, no vamos a cambiar abogados por robots, pero si vamos a darle a los abogados herramientas modernas de tecnología”, advirtió.

Valga recordar que, según un informe entregado por esa entidad a inicios de este año, los sectores más demandados en el Estado colombiano son el de Trabajo (24,9 %), especialmente por incidencia de demandas a Colpensiones por las pensiones públicas; Defensa (15 %), Educación (14,8 %) y Hacienda (13,2 %).

El mismo indica que las demandas de tipo civil por fuera de casos no laborales son por privaciones injustas de la libertad, fallas en la prestación del servicio de salud, irregularidades a la hora de imponer sanciones disciplinarias, incumplimiento de sentencia judicial, lesiones, desplazamiento forzado, omisiones en las funciones de inspección y vigilancia o el daño o amenaza ambiental por actividades del sector de hidrocarburos.

Gómez subrayó que los casos están íntimamente vinculados con los macrosectores enunciados en el apartado anterior. Como elemento destacable se encuentra que la mayor cantidad de procesos está relacionada con la privación injusta de la libertad, reclamos en la prestación del servicio de salud y la ilegalidad en la imposición de sanciones disciplinarias.

El inventario que aporta la entidad desglosa los casos activos de la siguiente manera: casos activos son 53.517 procesos de reparación directa ( que se presenta cuando un ciudadano demanda al Estado); 20.217 de nulidad y restablecimiento de derecho, 2.934 de protección de derechos e intereses colectivos, 2.443 procesos ejecutivos, 1.992 controversias contractuales, 1.795 de nulidad simple y 624 casos de petición de reparación por perjuicios causados a un grupo.

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