
Se terminó uno de los ‘dolores de cabeza’ que enfrentaba el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar ante el Consejo de Estado, organismo que definió en la mañana de este miércoles 17 de noviembre dar por finalizada la demanda que buscaba quitarle la investidura al congresista.
El denunciante quería que se declarara la muerte política del también escritor por financiar a la primera línea, asegurando que no eran un grupo social, sino que tenían aspiraciones políticas. El Consejo no solo desvirtuó esas acusaciones, sino que cerró el caso dejando una advertencia ante la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Senado de la República.
Así lo definió el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, que no solo acotejó el cierre del caso contra Gustavo Bolívar ante las corporaciones antes citadas, sino que dio aviso al presidente del Congreso, el senador Juan Diego Gómez.
Es así como el Consejo de Estado archivó el caso contra el congresista petrista y ratificó la decisión que tomó en octubre pasado donde denegó las pretensiones de la demanda que buscaba que el también escritor no volviera a ejercer cargos públicos o políticos por las actuaciones antes descritas.
En ese entonces, el magistrado también desvirtuó la acusación contra Bolívar ante el Consejo de Estado y la Procuraduría donde el denunciante, el abogado Joan Sebastián Moreno, advertía que la ‘primera línea’ era un grupo político, lo que fue denegado por el togado quien determinó que era un grupo de jóvenes que protestaban durante las manifestaciones en el país en el primer semestre de este 2021 sin intereses políticos.
El denunciante aseguraba que el senador había incurrido en faltas a la Constitución al financiar grupos políticos; lo que quedó desmentido por el alto tribunal, quien determinó que el dinero que el senador les entregó mediante un Vaki no constituye faltas a las leyes y normas del país.
El litigante pedía la coloquialmente conocida como ‘muerte política’ de Gustavo Bolívar asegurando que la Fundación Manos Limpias, dirigida por el congresista, había sido usada como intermediaria para darles plata a los jóvenes de ese colectivo para que compraran cascos, guantes y otros elementos para protestar contra el Gobierno en Bogotá, Cali, Medellín y otras de las más importantes ciudades del país.
“El senador Bolívar Moreno indujo a otros a financiar el movimiento de la ‘primera línea’, queda claro que incurrió en la prohibición constitucional de que trata el artículo 110 de la Constitución”, decía la demanda.
Tras dichos argumentos, el magistrado Moreno, que pertenece a la Sección Quinta, salvó la curul del senador petrista y definió que la ‘Primera Línea’ no tenía el carácter de agrupación política, coincidiendo con el argumento de la Procuraduría.
De hecho, el Ministerio Público le solicitó al Consejo de Estado que no le declarara la muerte política al congresista pues no se demostró que hubiera entregado dineros o contribuciones a un movimiento político, sino a personas naturales, lo cual no lo prohíbe la Constitución.
Por su parte, el senador afirmó que no había delito pues él nunca financió a la Primera Línea, sino, participó de una colecta para ayudar a los jóvenes que estaban manifestándose durante el Paro Nacional.
“Mi reacción es de tranquilidad porque la investigación es por financiación del grupo de la primera línea, pero yo nunca he financiado a ese grupo. Nunca he entregado un solo centavo, solo se entregaron elementos de protección y eso fue dentro de un marco de un gesto humanitario, en el que participaron casi 5.000 personas”, afirmó el senador, respecto a la investigación que le abrió la Procuraduría.
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