Ricardo Alvarado, exgobernador de Arauca, también fue capturado y procesado por financiar el terrorismo

Según señala la Fiscalía General de la Nación, los dos funcionarios habrían pactado acuerdos económicos con, al parecer, miembros del Eln

Ricardo Alvarado, exgobernador en Arauca, ese señalado de beneficiar durante su tiempo en el cargo a miembros del  Eln. Foto: Colprensa
Ricardo Alvarado, exgobernador en Arauca, ese señalado de beneficiar durante su tiempo en el cargo a miembros del Eln. Foto: Colprensa

Los dos últimos gobernadores de Arauca, José Facundo Castillo y Ricardo Alvarado, fueron capturados y están siendo procesados por los presuntos beneficios que le habrían otorgado, al parecer por contrataciones, a miembros de la que es considerada la última guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En la emisora RCN Radio informaron que en la tarde del jueves 21 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá declaró legal la detención de Alvarado que, según la investigación judicial que se le lleva, es señalado de entregar la contratación del departamento a personas relacionadas con el grupo subversivo.

En ese medio radial también indicaron que con su antecesor y también sucesor en el cargo, José Facundo Castillo, habrían pactado un acuerdo financiero, de contratos estatales, con supuestos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Eln para continuar con perpetrando acciones criminales, a cambio de logística y protección militar para su seguridad, como cuando viajaran por la zona.

En la emisora también mencionaron que se esperan más capturas por este caso de corrupción en ese departamento petrolero del oriente del país.


Gobernador José Facundo Castillo fue llevado al búnker de la Fiscalía

Por este proceso de la presunta financiación del Eln, el actual mandatario de Arauca José Facundo Cisneros, también fue capturado en la madrugada del jueves 21 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El funcionario llegó a la capital colombiana sobre las 10:00 de la noche, y fue interceptado por las autoridades, de manera inmediata. Castillo Cisneros, que venía en un vuelo procedente de Arauca, es acusado de estar envuelto en actos criminales relacionados a delitos como concierto para delinquir, financiación del terrorismo, peculado y celebración de contratos sin requisitos legales.

El motivo de su viaje a Bogotá estaba relacionado con su participación en la Agroexpo 2021, evento que se realizará en Corferias del 22 de octubre al 1 de noviembre, sin embargo, su objetivo se vio truncado por parte de la justicia.

Fueron hombres pertenecientes al CTI los que retuvieron al hombre y, posteriormente, lo llevaron al búnker de la Fiscalía. El gobernador, que tuvo que pasar la noche allí, espera ser presentado ante un juez de control de garantías a lo largo de este jueves 21 de octubre.

Cabe recordar que esta administración por parte del gobernador es la segunda bajo su nombre, pues, había sido reelegido por la coalición Unidos por Arauca, con 46.509 votos. Esa coalición está conformada por el Partido Cambio Radical, el Partido Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, así como el apoyo de la Alianza Social Independiente y el partido Unión Patriótica.

Fue en el 2020 cuando la Procuraduría General de la Nación decidió abrirle un pliego de cargos a Castillo Cisneros por, según las acusaciones, presuntas irregularidades en la adquisición de paquetes alimentarios destinados para la población vulnerable. Estos recursos habían sido otorgados durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con información resaltada por la revista Semana, una de las acusaciones que tiene el gobernador de Arauca a su nombre tiene que ver con hechos ocurridos en octubre del 2014, cuando se registró la compra de un avión ambulancia por un valor de $8.290 millones. “El avión ambulancia se entregó en ‘concesión’ para su explotación privada a los nueve meses, el 21 de julio de 2015, a la empresa Colcharter, quien la opera desde la ciudad de Bogotá a partir de entonces”, manifestó el ente investigador, para una entrevista con Blu Radio. El contrato, según la Fiscalía, no había cumplido con todas las exigencias legales para su licitación, es decir, había sido entregado ‘a dedo’.


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