“La modificación a la Ley de Garantías es irresponsable”: Transparencia por Colombia

La organización no gubernamental aseguró que el cambio en la Ley de Garantías incrementa los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales

Luego de que el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobarán en segundo debate el Presupuesto General de la Nación, con algunos artículos bien polémicos, la organización no gubernamental Transparencia por Colombia se manifestó.

A través de sus redes sociales, la organización aseguró que la modificación a la Ley de Garantías es irresponsable.

“La decisión aprobada por @SenadoGovCo y @CamaraColombia esta madrugada sobre la modificación de la ley es irresponsable pues incrementa los riesgos de desvío de recursos públicos hacia propósitos electorales”, aseguró Transparencia por Colombia en su cuenta de Twitter.

Ese, justamente, ha sido uno de los artículos más polémicos. La oposición estuvo en desacuerdo con la aprobación de este punto así como varios ciudadanos que se manifestaron a través de las redes sociales.

De acuerdo con lo señalado por Transparencia por Colombia, esta decisión habilitaría la celebración de convenios interadministrativos, un mecanismo de contratación pública con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos, pero ahora con mayor riesgo por el contexto de alta politización.

“Ya evidenciamos una alta presión por asegurar recursos para financiar campañas al Congreso y a la Presidencia, por lo cual la modificación a la ley podría servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campañas”, aseguró la organización que lucha contra la corrupción.

En segundo lugar, la organización indicó que la Ley de Garantías no eliminó los mecanismos de licitación pública durante la época electoral y cuestionó si se pretende contribuir a reactivar la economía a través de contratación de grandes obras de infraestructura, “por qué no poner en marcha procesos licitatorios que son menos discrecionales y que mantienen más controles para el uso de recurso públicos, en lugar de abrir la llave de los convenios interadministrativos”.

Según Transparencia por Colombia, las licitaciones requieren mayor planeación, pero no implican tanta discrecionalidad en medio de un contexto tan delicado como el electoral.

Además, la organización no gubernamental se refirió a la cantidad de recursos económicos que se requiere para adelantar las campañas políticas, que están próximas.

“El tope de gastos para una lista al Senado llega a 96 mil millones de pesos, y para la primera vuelta a la presidencia, 27 mil millones de pesos”, señaló Transparencia por Colombia, y añadió que quienes acceden a mayores motos de recursos son quienes tienen mayor oportunidad de ser elegidos.

Por lo anterior, según la entidad, la modificación a la Ley de Garantías podría servir de incentivo para que intereses particulares busquen capturar esos fondos públicos y desviarlos hacia gastos de campañas.

Por último, la organización señaló que no consideran este sea el momento oportuno para hacer este tipo de modificaciones, teniendo en cuenta que el contexto electoral prácticamente ya se ha iniciado. “La revisión de la Ley de Garantías debe realizarse fuera del calor del debate electoral y de la necesidad de resolver los problemas de financiamiento de las campañas políticas”, finalizó.

Uno de los “micos” del Presupuesto General 2022

El Presupuesto General de la Nación para 2022 fue aprobado por un monto de 350.4 billones de pesos, lo que significa un incremento de 5,3 % con respecto al del año anterior. Es decir, que habrá un aumento de $11 billones con respecto a 2021, para un total de $69,6 billones más en inversión pública.

Pese a la oposición y el rechazo de diversos sectores, tanto de las bancadas de gobierno como de las que se oponen, la suspensión de la ley de Garantías durante el próximo año fue aprobada por mayoría.

Así las cosas, las entidades territoriales podrán celebrar contratos interadministrativos con los dineros del presupuesto sin restricción durante la temporada electoral. Sin embargo, dichos contratos tendrán especial revisión de la Contraloría General de la República.

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