Sistema Integral para la Paz llamó la atención por situación humanitaria que atraviesa Chocó

Durante la primera semana de octubre el Sistema Integral para la Paz, integrado por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), estuvieron en Chocó reuniendo testimonios que dan cuenta de la grave crisis humanitaria que se vive en el territorio. Líderes sociales del departamento presentaron denuncias sobre extorsión, abuso sexual, amenazas, reclutamiento forzado, confinamiento y desplazamiento de comunidades afro e indígenas.

Quienes entregaron la información pertenecen a los Consejos Comunitarios de Acaba, Acadesan y Cocomacia, la Mesa de Concertación Indígena, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el Comité de Víctimas del 2 de Mayo. Todos responsabilizan de esta situación a los grupos armados que hacen presencia en la zona.

De hecho, este mismo 10 de octubre se conoció que cuatro comunidades indígenas del municipio del Carmen de Atrato(Chocó) tuvieron que desplazarse hacia Medellín debido a las constantes amenazas por parte de grupos ilegales e intimidaciones por su territorio.

La situación es preocupante porque en Chocó hacen presencia las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como ‘Clan del Golfo’. Además, operan otros grupos narcoparamilitares como Sinaloa-La Mafia, La Constru y Los Rastrojos.

Ellos hacen presencia en Chocó porque es una zona clave para controlar negocios ilícitos, sobre todo el narcotráfico. Las zonas boscosas y la cercanía con el océano pacifico funciona para sacar la droga en lanchas y llevarlas hasta Estados Unidos.

Las víctimas de este hecho señalan que la situación violenta que atraviesa el departamento también es responsabilidad del Gobierno. Aseguran que actualmente hay una “precaria presencia estatal y deficiencias en la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016″. Teniendo eso en cuenta, piden que se implemente un acuerdo humanitario urgente en Chocó.

Se explicó que el Acuerdo Humanitario insta al Estado colombiano y a los grupos armados para que a través de nueve puntos se garantice el respeto a los derechos humanos de las comunidades del departamento.

La petición fue apoyada por el Sistema Integral de Paz, que aseguró que trabaja de manera coordinada para garantizar los derechos de las víctimas y esclarecer los hechos violentos ocurridos en el pasado. Señalan que el propósito es que se cumplan los acuerdos ya pactados.

“El Sistema Integral para la Paz, en primer lugar, se solidariza con la población de Chocó por la difícil situación humanitaria y de persistencia de graves afectaciones a la dignidad humana. En segundo lugar, trabajará desde su Comité Interinstitucional para que la situación planteada por las comunidades sea visibilizada y se tomen acciones concretas que garanticen los derechos de las víctimas y el buen vivir de estas comunidades y territorios, como lo plantea el Acuerdo Final”, aseguraron la JEP, la UBPD y la Comisión de la Verdad.

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