Juez ordenó investigar a dos funcionaria de Mintic, tras escándalo del billonario contrato con Centro Poblados

El juez 53 de control de garantías, durante una audiencia dio a conocer que realizará una compulsa de copias para que investigue disciplinariamente a las dos funcionarias del Ministerio, determinando que es necesario identificar todo lo que ocurrió en el entramado que resultó dando la pérdida de 70 mil millones de pesos, que fueron entregados como adelanto, para la implementación de la conección a internet en zonas rurales de Colombia.

En su extensa intervención el juez determinó que se debe hacer investigaciones a fondo para saber lo que sucedió en ese proceso licitatorio el cual resultó bastante afectado con la entrega de documentos falsos como certificados bancarios y pólizas de seguro.

El togado señaló que las funcionarias estaban en la obligación de verificar que los documentos presentados por los oferentes debían ser revisados minuciosamente puesto que esta era su responsabilidad.

“Eran quienes debían supuestamente vigilar la garantía de seriedad que se aportaba al proceso en principio. Si se hubieran dado cuenta que esta garantía era falsa nunca hubiera habido anticipo”, precisó el juez al considerar que no se puede omitir la premisa que las dos exfuncionarias deben ser investigadas.

Asimismo, en medio de sus reclamos por las presuntas actuaciones irregulares que se habrían dado en este caso, el juez agregó que en el país se volvió costumbre que los implicados siempre estan dispuestos a decir que todo se hace a sus espaldas.

Ante su decisión, para justificar la compulsa de copias, el funcionario expuso un hecho hipotético en su propio despacho.

Emilio Tapia a la cárcel por escándalo de MinTic

La decisión estuvo a cargo del juez 53 de control de garantías de la capital colombiana, quien resolvió que tanto el llamado Zar de la Contratación, como Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, deberán permanecer en la cárcel la Modelo mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

En ese sentido, se resolvió que Tapia deberá permanecer en el pabellón de máxima seguridad de ese centro penitenciario bajo la custodia tanto de guardianes del Inpec, como de miembros del Ejército Nacional, quienes tendrán la misión de garantizar su bienestar y de trasladarlo a todas las diligencias necesarias.

Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, el juez dio razón a los argumentos de la Fiscalía que esta persona sería el presunto cerebro de toda esta operación ilegal.

“Emilio Tapia se encargaba de la parte financiera administrativa y Cáceres de la logística. Tapia era el que conseguía y pagaba la nómina. Tapias manejaba las empresas como quería. Todos sabían que las garantías eran falsas, Tapia era el señor de atrás, es decir, quien manejaba los hilos”, dijo el juez, al hacer un recuento de los argumentos de la Fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento.

Así, y tras repasar varias pruebas, como los documentos ficticios que indujeron al MinTIC a entregar el contrato a Centros Poblados; y una serie de chats en los que los procesados hablan de la ausencia de certificados legales y la consecución de los ilegales, el togado criticó que “en este caso donde desaparecieron $70.000 millones se afectó gravemente la educación de niños en servicios rurales. No les importó, entre comillas, dejar a la gente sin Internet, niños, personas analfabetas residentes, no se les brindó eso, entonces qué podríamos esperar a futuro”, si no se continuara con el proceso.

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