Entidades del Estado tendrán que responder ante la Corte Constitucional por seguridad de excombatientes

La magistrada Cristina Pardo, de la Corte Constitucional de Colombia, emitió este miércoles un llamado a sesión técnica para verificar, con la rendición de cuentas que ofrezca el Gobierno nacional dentro de la misma, cuál es el estado de la seguridad para los excombatientes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz.

Valga recordar que, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido de 2021 se han registrado las muertes violentas de 36 miembros de ese grupo en proceso de reincorporación. La cifra asciende a 285 desde la firma del acuerdo en 2016.

De ahí que a dicho tribunal hallan llegado por lo menos tres acciones de tutela interpuestas por exguerrilleros, que quieren que se verifique el cumplimiento de lo acordado entre ese grupo y el Gobierno nacional en materia de seguridad y protección en el territorio colombiano.

En ese sentido, y tras estudiar las peticiones, la magistrada Pardo emitió un auto de 33 páginas en el que cita a responder al Ministerio de Hacienda, el alto Comisionado para la Paz, el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, el director de la Unidad Nacional de Protección, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (ONU) y la Misión de Apoyo al Acuerdo de Paz de la (OEA).

Los mismos, al igual que quienes presentaron las tutelas, están citados para el próximo 13 de septiembre y, según reza el documento, deberán ofrecer datos como el porcentaje de recursos del presupuesto general destinado a la seguridad de los excombatientes; la cantidad de dinero ejecutada en el marco del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz entre 2018-2020, año a año; y la que se proyecta ejecutar entre 2021 y 2022.

El mismo encuentro servirá como un termómetro para determinar el avance de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección de las personas en proceso de reinserción, así como para esclarecer las dificultades en materia de seguridad que enfrentan tanto quienes comparecen como quienes adelantan labores a través de la JEP.

Con todo esto, se buscaría declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales que están solicitándole los tutelantes a la Corte Constitucional, con respecto a la situación de derechos y seguridad de la población firmante del Acuerdo Final de Paz. Si bien la JEP se mostró de acuerdo con la idea, desde el Gobierno nacional aseguran que no es necesario llegar hasta esas instancias.

Al respecto se pronunció el excomandante de las Farc y presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien aseguró por medio de su cuenta de Twitter que, “necesitamos garantías para todos quienes hoy somos constructores de paz con justicia social”.

Por su parte, Pablo Catatumbo, senador de esa misma colectividad, advirtió que, “los hechos de violencia ocurridos en los últimos tiempos contra los integrantes del partido y contra quienes suscribieron el Acuerdo Final”, son evidentes.

La preocupación es especialmente grande en zonas como Guaviare, Nariño y Norte de Santander, donde, según los excombatientes que interpusieron las tutelas, hay asentamientos tanto de personas en proceso de reinserción como presencia de grupos como el ELN, o disidencias de las propias Farc.

Igualmente, consideran que no cuentan con los esquemas de protección necesarios y garantías para moverse en el territorio colombiano, labor que le corresponde a Unidad Nacional de Protección, a la que acusan de cumplir de forma irregular. Esto los deja abiertos a recibir amenazas y hostigamientos.

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