Centros Poblados acusa a MinTIC de faltar al debido proceso: “Es imposible decir que la plata se la robaron”

El representante legal del consorcio, Luis Fernando Duque, y el abogado apoderado, Jorge Pino Ricci, dieron una rueda de prensa para explicar qué pasó con el contrato con el MinTIC

Luis Fernando Duque representante legal de UT Centros Poblados
Luis Fernando Duque representante legal de UT Centros Poblados

La principal conclusión de la versión de los representantes de Unión Temporal Centros Poblados, contratistas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la construcción de 7.277 centros digitales rurales, es que se viene un largo proceso judicial. Aunque reconocen un “pequeño” incumplimiento, aseguran que actuaron de buena fe y la cartera de Karen Abudinen violó las garantías procesales al caducar el contrato.

Luis Fernando Duque, quien es el representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, fue el primero en exponer el cumplimiento del proyecto que habían adelantado, el cual inició según el acta el 30 de diciembre de 2020 con una vigencia de 10 años, sin embargo la instalación de todos los centros digitales contratados a su cargo debía estar lista para el 28 de mayo de 2022.

Duque aseguró que lo primero que hicieron y se cumplió fueron los estudios de campo para determinar cómo instalar cada uno de los puntos en 15 departamentos e incluso Bogotá. Lo segundo era la adquisición de los equipos, sobre lo cual afirmó que habían presentado retrasos por la pandemia de covid-19 en el mundo, el buque represado en el canal de Suez, y el Paro Nacional.

Sin embargo, afirmó que ese retraso fue superado. “Tuvimos inconvenientes, sí, en la instalaciones, pero se los contamos a la entidad. Yo llamé personalmente al viceministro, yo llamé personalmente a la interventoría y les dije: Hay una situación, podemos gestionar el alcance, no incumplir”, señaló Duque.

El representante legal de la UT Centros Poblados aseguró que en cuanto a las metas de instalación han entregado 1.002 centros digitales hasta el momento. Cumplieron una primera meta parcial de 773 que fue entregada al Ministerio y la Interventoría. La segunda meta vigente era la entrega de 772 puntos más, en la cual alcanzaron, hasta la caducidad del contrato, a 300 centros digitales.

Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio
Centro Digital de Bolívar que exhibió la Unión Temporal Centros Poblados y aseguró que ya había instalado 845 hasta el pasado 31 de julio

Según ellos, en las mismas redes y páginas del Ministerio de las TIC estaban publicados lo videos y fotografías de los centros digitales entregados, pero aseguraron que los estaban bajando a raíz de la rueda de prensa.

¿Dónde está la plata?

El representante legal de Centros Poblados afirmó que los 70.000 millones de pesos de anticipo están invertidos en equipos. Luis Fernando Duque aseguró que entregaron el contrato con las empresas para la adquisición de esos equipos a todas las autoridades, no se objetó y se convocó el comité fiduciario para aprobar la entrega del dinero.

Como lo confirmó la ministra Karen Abudinen en debate de control político, el dinero se desembolsó a la fiducia y este lo entregó en pago de utilización a las empresas contratadas para el suministro en el mes abril, Nuovo Scurity en Estados Unidos e Inselsa para la compra de los artículos.

“De esos 70 mil millones, 26 mil millones están en solo equipos para hacer las 1002 instalaciones, el resto está en bodegas nuestras. Hoy a las 9:00 am. estábamos citados la Contraloría y están en nuestras bodegas, para mí esa es la mejor noticia que puede haber. Posiblemente deje de ser señalado de ladrón”, señaló Duque.

En ese sentido, el representante legal de la UT afirmó que el dinero del anticipo está en tres lugares y cuentan con soportes para demostrarlo: las instalaciones hechas hasta el momento, las bodegas en diferentes ciudades del país y en la aduana.

“Así que es imposible decir que la plata se la robaron, ahí están los equipos, ahí están las instalaciones. Esto ya se lo informamos a los entes de control y ya programaron las primeras visitas y creo que es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Que un ente de control vaya, verifique, cuente y ese manto de duda desaparezca. Con el daño irreparable ya hecho, porque el buen nombre difícilmente se va a recuperar, pero eso es algo que recuperaremos después”, afirmó Luis Fernando Duque.

El representante de Centros Poblados señaló que hasta el momento pueden garantizar un avance de 5% del contrato que está en una plataforma que implementaron. “Suena extraño pensar que en solo 6 meses, de 120, ya estemos en esta situación. El presupuesto se ejecutó en el 6.55%, esto apenas estaba comenzando. Nosotros hemos colocado recursos adicionales que solo por los conceptos que les acabo de mencionar superan los 15.000 millones de pesos”.

Es cierto que el contrato tiene 120 meses de ejecución, pero la instalación de los centros digitales debía cumplirse en mayo de 2022, frente a lo cual tenían un avance de apenas el 13%. El resto del tiempo del contrato corresponde a mantenimiento y prestación del servicio de conectividad.

El lío judicial de Centros Poblados

Desde el Ministerio de las TIC, según dijo la ministra Abudinen, se citó una audiencia para conocer los retrasos en el proyecto que había presentado Centros Poblados en la ejecución del contrato. A esa cita llegó un funcionario del banco Itaú que aseguró que esa entidad bancaria no había expedido la garantía que presentó la UT para cumplir los requisitos del contrato y por tanto era falsa.

Abudinen canceló la reunión y se dirigió a la Fiscalía para presentar ese documento y pedir las investigaciones respecto al contrato. Con base en ese documento, además, se decretó la caducidad de la relación contractual y se embargaron 20 cuentas bancarias para recuperar el dinero del anticipo que se considera perdido.

El abogado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, aseguró en la rueda de prensa que el contrato que firmaron no es de prestación de servicio, sino atípico por todas las acciones que debían ejecutarse para prestar el servicio de internet. En ese sentido, afirman que el Ministerio no tenía competencia para decretar la caducidad debido al tipo de contrato. “Es ilegal que una entidad estatal incorpore y ejerza una cláusula excepcional como la caducidad en contratos atípicos como es el caso”, aseguró el abogado.

Además, consideran que hubo una violación al debido proceso porque no se realizó la práctica de pruebas que habían requerido. Según el abogado, Centros Poblados contrató a Rave Corredores de Seguros, que ante la negativa de los bancos para entregar la garantía, contactó a Jorge Alberto Molina, quien les ayudaba en esos casos, y tramitaba garantías generalmente con Itaú.

Pino Ricci pidió que la empresa y el tramitador fueran escuchados para determinar la buena fe de Centros Poblados al adquirir la garantía, pero según él, el Ministerio de las TIC rechazó esos testimonios y procedió a la caducidad del contrato.

“El banco hizo esa afirmación y el Ministerio salió por redes sociales a tildar a los integrantes de la Unión Temporal como bandidos y delincuentes inescrupulosos. Sin iniciar la actuación administrativa, consciente el Ministerio de que actuaría como juez en el ejercicio de lo que creía podía ejercer esa facultad administrativa. Desde antes de iniciar la actuación administrativa ya había juzgado a los integrantes de la Unión Temporal y ya había tomado la decisión”, señaló Pino Ricci.

Para ellos, es un juez el que debe determinar la falsedad de la garantía de Itaú que presentaron y adquirieron, porque según el abogado, si un funcionario del banco la firmó, la entidad debe hacerse responsable y no habría delito por parte de Centros Poblados.

“Es probable que (el MinTIC) haya actuado de buena fe, ni más faltaba, pero esa forma como actuó de procurar decisiones exprés, rápidas, para mostrar frente a la opinión pública, infortunadamente hizo que se equivocara. Me aterra lo que hizo el Ministerio porque pareciera que le estuviera ayudando a la Unión Temporal. El Ministerio abrió la posibilidad a que la Unión Temporal pusiera la tutela”, concluyó el abogado.

En ese sentido, la Unión Temporal Centros Poblados continuará con los recursos judiciales para garantizar su debido proceso, porque no quieren permitir que se les imponga la caducidad del contrato que les impide contratar con el Estado durante 5 años y el cobro de una cláusula penal. Aseguran que tiene más recursos de defensa, pero la rapidez de las acciones los ha hecho requerir mecanismos de respuesta rápidos como la tutela.

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