Por medio de una tutela, ciudadano ateo impidió que la Policía Nacional comprara 720 biblias con recursos estatales

El abogado, miembro de la Asociación de Ateos de Bogotá, argumenta que la adquisición de los libros sagrados viola el derecho fundamental a la libertad de culto. Policía impugnará decisión del juzgado

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Por medio de tutela, ciudadano ateo tiene en problemas a la Policía Nacional por compra de 720 biblias con recursos estatales. Foto: Pexels
Por medio de tutela, ciudadano ateo tiene en problemas a la Policía Nacional por compra de 720 biblias con recursos estatales. Foto: Pexels

En primera instancia, el juzgado 15 Laboral del Circuito Bogotá falló a favor de Nicolás Calderón, miembro de la Asociación de Ateos de Bogotá, bajo el argumento de que la Policía Nacional violó la libertad de culto en Colombia por adquirir 720 biblias por cerca de 36 millones de pesos. Según el abogado, no se puede permitir que el presupuesto público de todos los colombianos no se puede invertir en religiones.

Calderón se refiere al artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, el cual protege a los colombianos de el beneficio de una religión por encima de otra. “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, reza el fragmento.

Con esto de soporte, Calderón radicó la tutela argumentando que la religión cristiana estaba siendo beneficiado y eso lo discriminaba personalmente “pues es ateo y se están utilizando los recursos públicos para la compra de libros religiosos”, recogió El Tiempo.

La Policía Nacional, en su defensa, sostuvo que “el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”. Por otro lado, también argumentó que las entidades religiosas cumplían un rol cívico dentro de la sociedad “a través de diversos mecanismos e instancias, de manera continua, sin que se pueda desconocer el compromiso social, que han adelantado algunas religiones en la consolidación de la paz, el perdón y la reconciliación en Colombia en medio del conflicto armado”.

Sin embargo, a pesar de los argumentos en contra de la acusación de Calderón, el juzgado consideró la compra de las 720 biblias inconstitucional. Esto, bajo la consideración de que el Estado colombiano rompe la neutralidad por medio de la Policía Nacional.

También se encontró un favorecimiento mediante la destinación de recursos públicos a la promoción de “un símbolo religioso que claramente está vinculado con las religiones cristianas”.

Según Calderón, la Policía tendría 48 horas para responder al fallo, pero fuentes cercanas al proceso anticiparon que la institución podría impugnar la decisión del juez para que la misma sea objeto de revisión.

Frente al debate que señala el derecho de los policías a profesar la religión, Calderón aseguró que “el problema no es que los policías sean católicos y tengan biblias, pero que sean compradas de su presupuesto. Comprar 36 millones de pesos en biblias con recursos públicos no se puede. La Corte dice que el estado no puede gastar en religiones con recursos públicos”, contó en conversación con Caracol Radio.

Además, aseguró que la Policía Nacional incurrió en discriminación con él y demás colombianos no pertenecientes a la religión católica. “El problema de que el estado beneficie a una religión es que los demás que no pertenecemos allí nos sentimos indiscriminados. Esto viola el derecho a la libertad de culto. Yo gané la primera instancia, la Policía puede impugnar el fallo y se toma la decisión en segunda instancia. Tienen 48 horas para responder”.

La denuncia de la compra de las biblias hizo parte de una investigación de W Radio en la que evidenciaron procesos de contratación de más de 11 mil millones de pesos para comprar drones que le sirvan al ESMAD, cerca de 195 mil municiones menos letales y lanzadores de gases.

Uno de los contratos, es para la adquisición de 4 drones para los escuadrones móviles antidisturbios que son usados para la localización de personas o zonas donde se podrían estar creando actos de violencia, cada uno tiene un valor de 104 millones de pesos, lo que suma un total de 417 millones de pesos.

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