Con el fin de mantener el correcto trámite para hacer traslado de actuaciones disciplinarias ante el tribunal, la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz llamó la atención a la Procuraduría con respecto a 195 actuaciones disciplinarias, interpuestas por el Ministerio Público sin que hayan sido requeridas y tampoco pueden ser suspendidas hasta agotar todos los trámites.

El llamado de atención tuvo como una base una tutela presentada por dos sargentos del Ejército Nacional, que solicitaron la prescripción de sus casos por vencimiento de términos durante una investigación disciplinaria realizada por la Procuraduría.

El Ministerio Público los señaló de una presunta participación en el asesinato de una persona presentada como muerta en combate el 14 de enero de 2007.

Como recurso de defensa, los militares solicitaron el acceso a los expedientes disciplinarios abiertos en su contra. No obstante, la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos se los negó, argumentando que la actuación disciplinaria fue suspendida dado que dicho expediente fue remitido a la JEP.

Por lo anterior, la Sección de Apelación, confirmó que el expediente de los sargentos sí fue trasladado con otros 1.712 archivos que no fueron depurados ni clasificados por la Procuraduría así como tampoco fueron requeridos en ninguno de los macro-casos abiertos por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Ante esta situación se dejó sin efecto la suspensión de la actuación disciplinaria contra los militares, y se ordenó a la Procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tramitar sus solicitudes de manera correcta siguiendo los procedimientos indicados por el tribunal.

Para evitar que se repitan casos como estos, la Jurisdicción Especial para la Paz, le dio un plazo de dos meses a la Procuraduría para que revise y ordene 195 actuaciones disciplinarias que fueron remitidas sin haberlas pedido la justicia especial.

La Sección de Apelación de la JEP, le aclaró al Ministerio Público que no los pueden convertir en una bodega de expedientes. La Procuraduría solo debe enviar un informe con los trámites de su competencia.

De otra parte, a la Jurisdicción Especial para la Paz se le entregó un informe sobre el rol de las empresas bananeras en el marco del conflicto armado que padeció el Urabá antioqueño.

La entrega fue realizada por Álvaro Villarraga, presidente e investigador de la Fundación Cultura Democrática, quien señaló que los documentos “profundizan y documentan el rol del sectores del empresariado, incluyendo la multinacional ‘Chiquita Brand’ bananera, en relación, no solo con la financiación, sino con muchas formas de cooperación con el paramilitarismo que las llevaron a obtener grandes ganancias”

Según Villarraga, esta entrega formal “tiene el propósito de aportar al trabajo de la JEP, en especial en su #Caso04, que se ocupa de la situación territorial de la Región de Urabá”.

Puntualizó que “Es una historia donde confluyen, además de los empresarios bananeros, importantes y numerosos ganaderos y comerciantes, al igual que organizaciones armadas como las guerrillas y los paramilitares, las cuales jugaron un papel preponderante en el ejercicio de la violencia generalizada. Todos se convirtieron para la población en agentes del pánico y terror”.

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