La Superintendencia de Servicios Públicos designó a EPM para operar los servicios públicos en Providencia y Santa Catalina

De acuerdo con la entidad, la prestación de estos servicios se agravó por el paso del huracán Iota en 2020.

Entre las causales para la intervención están los incumplimientos normativos y regulatorios, escaso recaudo de tarifa, baja cobertura en acueducto y aseo y casi nula en alcantarillado. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Colprensa - Camila Díaz.
Entre las causales para la intervención están los incumplimientos normativos y regulatorios, escaso recaudo de tarifa, baja cobertura en acueducto y aseo y casi nula en alcantarillado. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó este martes como “agente especial de naturaleza jurídica a las Empresas Públicas de Medellín, EPM”, para que inicie su operación en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en las islas de Providencia y Santa Catalina.

“Designamos a EPM para adelantar el proceso de intervención de esta empresa teniendo en cuenta que se requiere un direccionamiento técnico de alto nivel, que actúe en conjunto con el Gobierno nacional para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina”, explicó la superintendente Natasha Avendaño García.

De acuerdo con García, el objetivo de EPM será atender las necesidades prioritarias de la comunidad, mejorando la prestación de los servicios en el menor tiempo posible.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó esta determinación después de observar que la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina, P&K S.A.S. E.S.P., -encargada de manejar este servició en las islas- “no tiene la capacidad estructural y financiera para operar y garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes de Providencia y Santa Catalina, con la debida calidad, cobertura y continuidad”.

Según informó la entidad, la intervención fue ordenada en razón a que la empresa se encuentra incursa en las causales 59.1 y 59.5 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con deficiencias recurrentes en aspectos técnicos, operativos, administrativos y financieros que ponen en riesgo la prestación de servicio en estos dos municipios.

Igualmente, la Superintendencia logró identificar que se presentan incumplimientos normativos y regulatorios, además del escaso recaudo de tarifa, baja cobertura en acueducto y aseo; y casi nula en alcantarillado.

“La toma de posesión, en la modalidad de administración, se adoptó mediante la Resolución No. 20211000195965 del 31 de mayo de 2021. La resolución dispone de un año para adelantar este proceso, término que podrá ser prorrogado, en caso de ser necesario”, informó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por su lado, Natasha Avendaño García manifestó que, “El esquema de prestación actual de P&K no es sostenible debido al bajo recaudo de la facturación, insuficiencia financiera, ausencia de permisos ambientales para la actividad de disposición final de residuos; así como dificultades para obtener los insumos y equipos necesarios para el tratamiento del agua, y las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta expedidos por la alcaldía de Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota”.

Igualmente, García explicó que a pesar de las medidas de inspección, vigilancia y control que se adelantaron antes y después del paso del huracán, -que causó daños en el 98 % de la infraestructura en las islas-, “no se evidenciaron mejoras en la prestación de los servicios, lo que nos llevó a tomar posesión de la empresa para garantizar a sus habitantes la efectiva prestación de los servicios públicos”.

El proceso de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina – P&K, se realizará en un periodo de 12 meses prorrogables y tendrá una inversión inicial de $20 mil millones para su recuperación.

Fue por esto que se designó a EPM para continuar con estas operaciones. Por eso, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo, destacó que la llegada de la empresa antioqueña a la isla mejorará la calidad de vida de la comunidad e impulsará el turismo, principal renglón económico de la región.

“Tenemos el compromiso y el propósito de llegar a donde nos llamen, en el sentido de llevar servicios públicos con calidad, continuidad y cobertura. Este es un reto complejo tanto para la Superintendencia que está con la intervención como para nosotros. Sin embargo, efectuamos un análisis juicioso y desplegamos a la isla a los mejores profesionales”, señaló.

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