Procuraduría abrió investigaciones a congresistas de oposición horas antes de iniciar el debate de reforma al Código Disciplinario

Este 1 de junio empezó el debate en el Congreso del proyecto de ley que busca extender las facultades de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, luego del fallo de la Corte IDH por el caso de Gustavo Petro.

En las últimas horas varios congresistas de oposición denunciaron que la Procuraduría les abrió indagaciones preliminares e investigaciones formales por asuntos relacionados con el paro nacional y horas antes de que en el Congreso empezara el debate a la reforma del Código Disciplinario que le daría poderes de juez a la procuradora Margarita Cabello.

La consecuencia que estas investigaciones suscita es que los parlamentarios indagados deberán declararse impedidos para votar sobre esta reforma la cual, desde que fue radicada, no apoyan. Entre los representantes afectados se destacan Ángela María Robledo, Inti Asprilla, María José Pizarro y el senador Alexander López, quienes denunciaron que se trata de un hostigamiento por parte del Ministerio Público.

“Alerta, hoy en Comisión I de Cámara se discute proyecto de ley de la procuradora Cabello con el que pretende hacerle trampa a la Corte IDH, conseguir facultades extraordinarias que amenazan la democracia y contratar a dedo un batallón de funcionarios con enorme costo fiscal”, señaló Robledo.

En el sistema de búsqueda de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría aparece desde el 31 de mayo una indagación preliminar contra Robledo, Pizarro y Asprilla. Los señalan de irrespetar a la autoridad por el hecho ocurrido en la Cámara de Representantes durante el debate de moción de censura contra el ministro Diego Molano, cuando le pidieron a un grupo de policías y militares que se retiraran del lugar.

“No es normal que ayer, usted (procuradora Cabello), con su firma le haya abierto una investigación al senador Alexander López. No es normal, que con fecha del 31 de mayo de apertura directa de un proceso de investigación. Tampoco es normal que a los compañeros de la Cámara se les haya abierto una preliminar. Da miedo en nuestro sistema político que lleguemos a discutir un proyecto así”, señaló la senadora Angélica Lozano en el primer debate que cursó este día sobre el proyecto de reforma al Código Disciplinario.

Precisamente en este primer debate, el senador López, a quien se le abrió una investigación por su presunta extralimitación de funciones porque intercedió por unos jóvenes que habían sido detenidos por la Policía en las manifestaciones de Cali, se declaró impedido y no pudo dar su voto ni argumentar su ponencia negativa a la reforma.

“Primero, amenazan a mi familia sin recibir ninguna protección del Estado, después, la procuradora y exministra de Iván Duque me saca de los debates con una investigación absurda y sin sentido con el fin de poder aprobar sus barbaridades sin oposición ¿democracia? No, ¡TIRANÍA!”, denunció Alexander López en su cuenta de Twitter.

Pero las denuncias no terminan allí. El senador Roy Barreras aseguró que hay un mico en el proyecto radicado para que haya un “auto-fuero” que termina beneficiando a los procuradores. El congresista hace referencia al artículo 2 del proyecto de ley que dicta la “titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y autonomía de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria”.

En un apartado al final de ese artículo se lee: “La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores. Salvo los que tengan fuero especial”.

Para Barreras, es un mico que dejaron ahí para que los ponentes positivos de la reforma lo aprueben. “Auto-fuero creado en una ley ordinaria que cambia la ley estatutaria y también el espíritu de la Constitución y que construye unos jueces todopoderosos, más poderosos que la democracia, más poderosos que el pueblo, que además son los únicos jueces en Colombia que no tendrían control disciplinario”, denunció el senador en el debate.

Así mismo, llamó la atención por las últimas movidas desde la Procuraduría: “24 horas antes de votar proyecto que legaliza que Procuraduría destituya congresistas, la misma Procuraduría abre investigación a congresistas de la oposición y hace 48 horas Fiscalía interviene y provoca sin competencia ataques jurídicos y mediáticos contra mí”.

Cabe señalar que, este proyecto de ley va con el mensaje de urgencia del presidente Iván Duque y salió del despacho de la procuradora Margarita Cabello, en respuesta a la orden que impartió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favoreció al senador Gustavo Petro por su pasado pleito con el procurador Alejandro Ordóñez cuando fue alcalde de Bogotá y este lo destituyó.

“El proyecto de ley es una respuesta del Estado colombiano a los requerimientos de la Corte Interamericana de DD. HH. (CIDH), en el que se propone, sin desfigurar su tradición institucional, el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación; y el juzgamiento en el proceso disciplinario; y finalmente garantizar la doble instancia y conformidad”, dijo Duque.

Sin embargo, quienes critican este proyecto de ley hablan de darle poderes de juez a la procuradora Cabello, quien pide que se mantenga la función sancionatoria del Ministerio Público, pero que además se eleve a un carácter jurisdiccional. De hecho así dicta el proyecto:

“Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”.

El texto atraviesa por su primer debate en comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Con fecha de marzo, la Procuraduría adelanta 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre ellos: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 representantes a la Cámara y 21 senadores.

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