Estados Unidos pide al Gobierno colombiano que respete las manifestaciones pacíficas y modere a la fuerza pública

El portavoz del Departamento de Estado de ese país condenó los actos de vandalismo que se han registrado desde finales de abril, pero advirtió que estos no pueden ser excusa para que la Policía cometa excesos.

Fotografía de archivo fechada el 28 de abril de 2021 que muestra miembros de la Policía y manifestantes enfrentándose durante el primer día de Paro Nacional que aún continúa en el país, en la Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo
Fotografía de archivo fechada el 28 de abril de 2021 que muestra miembros de la Policía y manifestantes enfrentándose durante el primer día de Paro Nacional que aún continúa en el país, en la Plaza de Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Con el paso de los días, cada vez más organizaciones y entidades gubernamentales se suman al llamado para que el Gobierno colombiano respete el derecho a la protesta pacífica y module la respuesta de la fuerza pública en contra de la población civil. El más reciente en unirse a la petición fue el Gobierno de los Estados Unidos.

Esto de cuenta de Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de ese país, que este martes 11 de mayo, se pronunció sobre los preocupantes informes que dan cuenta de la cantidad de fallecidos y heridos durante el paro nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril.

Valga recordar que, de acuerdo con organizaciones como ONG Temblores, desde esa fecha y hasta la noche del pasado 10 de mayo, en el país se registraba un saldo de 1956 casos de violencia policial, incluyendo 313 víctimas de violencia física, 40 de violencia homicida presuntamente por parte de las fuerzas policiales —de acuerdo con la Defensoría del Pueblo son solo 27—, 12 de violencia sexual y 1.003 detenciones arbitrarias.

De ahí que Price advirtiera que, “alrededor del mundo, en los países democráticos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse de forma pacífica, sin embargo, la violencia y el vandalismo son un abuso de este derecho. Así como condenamos la violencia y el vandalismo, hacemos un llamado a la policía a respetar los derechos de los manifestantes pacíficos”.

Después de todo, desde el inicio del paro, y a pesar de numerosos videos en los que se pueden ver agentes de Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, atacando de forma indiscriminada a los manifestantes con golpes, objetos contundentes y hasta disparándoles directamente, el Gobierno nacional ha insistido en que la violencia proviene, casi que de manera exclusiva, de vándalos que aprovechan las manifestaciones pacíficas para sembrar el caos.

En ese sentido, el funcionario norteamericano recalcó que, “también hacemos un llamado a las autoridades para investiguen los reportes que han surgido de excesos de la policía”.

Al respecto ha habido varios pronunciamientos oficiales durante los últimos días, incluyendo el de la propia Policía Nacional, que el pasado 10 de mayo anunció sanciones contra cinco uniformados, que fueron suspendidos, y múltiples investigaciones por presuntos abusos cometidos por agentes del Estado durante las protestas contra el gobierno que han sido duramente reprimidas y dejan al menos 27 muertos, en su mayoría manifestantes.

Según el inspector general de la institución, general Jorge Ramírez, están en curso “62 investigaciones disciplinarias por distintos comportamientos presuntamente irregulares” de policías, aunque no precisó el número de efectivos implicados.

Acá, sin embargo, entra a jugar otro de los cuestionamientos que se le ha hecho históricamente a la manera en la que el Gobierno nacional aborda las protestas: se trata de la policía investigando a la policía; un tema que ha rondado más desde el caso del homicidio de Dilan Cruz a manos del capitán del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez, quien a la fecha sigue teniendo el proceso bajo el sistema de Justicia Penal Militar.

Sólo salen de allí si el Consejo de Estado determina que las acciones cuestionadas se dieron de forma contraria a la función constitucional que tienen instituciones como la Policía o el Ejército, cuestión que es determinada por dicha corporación teniendo en cuenta tres parámetros según lo explicado al diario El Tiempo la abogada penalista Liliana Gutiérrez: “si no hay un vínculo ‘próximo y directo’ entre el delito y el servicio; si el delito es de tal gravedad que se rompe el vínculo con el servicio; y si hay duda sobre cualquiera de estos elementos”.

Mientras los casos avanzan, y se determina en qué sistema de justicia caerán, otros actores internacionales siguen pidiendo mejores manejos a Colombia. Junto a Price, por ejemplo, se pronunció el pasado 4 de mayo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado. Esta última señaló que “urgimos a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”.

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