HRW pide a la Corte Constitucional poder participar en casos de asesinatos contra defensores de derechos humanos en Colombia

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para Latinoamérica solicitó al tribunal que tenga en cuenta lo recogido en sus informes para evaluar periódicamente la situación en los territorios.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) envió una petición formal pidiéndole a la Corte Constitucional que acepte a la organización como ‘Amicus Curiae’, es decir, como acompañante o interventor ante el alto tribunal en los abusos contra defensores de derechos humanos en el país.

La intención de HRW es que la Corte pueda tener en cuenta los argumentos, estudios, y opiniones de estándares internacionales que presenta en sus informes, como el del pasado febrero en el que denunciaron las graves afectaciones a esta comunidad y a excombatientes.

El alto número de asesinatos y otros abusos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia es un asunto de gran preocupación. Por ello, y debido a las falencias significativas de las autoridades colombianas para enfrentar este problema, apoyamos la solicitud de los demandantes quienes llaman a esta Honorable Corte a realizar un análisis periódico sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.

En la petición HRW detalla que las autoridades colombianas no han ejercido un control efectivo en varias zonas que estaban controladas por las antiguas Farc-EP, “lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos. El gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia ni asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”.

Vivanco especifica que existen muchos mecanismos de protección y prevención para los defensores de derechos humanos lo cual dispersa los esfuerzos y los recursos. Señala que hay una implementación lenta de los planes de protección colectiva para organizaciones en riesgo, que el presidente Iván Duque no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que hay programas poco claros y que no se ha desarrollado una política integral para proteger a estas comunidades.

Frente al esclarecimiento de los asesinatos, denuncia que en las regiones donde suceden hay poco jueces, fiscales e investigadores, lo mismo señala de la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite de la Policía, frente a su incapacidad de resolver todos los casos. Además enuncia que el apoyo de la Policía y de los militares con los fiscales es limitado.

Finalmente, frente a los obstáculos de las instituciones, dice que a pesar de que la Procuraduría abrió 17 investigaciones, hasta marzo de 2020 ninguna había tenido imputaciones o avances significativos en el proceso. Según HRW, 16 de esas investigaciones involucraban a un funcionario.

Por lo que solicita a la Corte la intervención de la organización, que tome en consideración los argumentos que presentan y a que acceda la petición de realizar un examen periódico de las medidas adoptadas por las autoridades del país para enfrentar la situación.

En el documento, se expresa que más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También explica cuales han sido los más afectados, según esta entidad:

Asimismo, las cifras de la Oficina del ACNUDH y la Defensoría del Pueblo sugieren que la defensa de los derechos humanos en Colombia puede exponer a las mujeres a un mayor riesgo de violencia. Aproximadamente, entre el 10 % y el 15 % de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia desde 2016 eran mujeres[12]. En comparación, las mujeres sufrieron cerca del 8 % del total de homicidios cometidos en el país entre 2016 y noviembre de 2020.

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