
Este jueves 31 de diciembre, la Fiscalía General de Colombia le ofreció disculpas al almirante de la Armada Nacional Gabriel Arango Bacci, por haberlo capturado y privado de la libertad injustamente durante 16 meses, por supuestos nexos con el narcotráfico.
La carta enviada al almirante y compartida por el abogado Jaime Granados, corresponde a la orden emitida por el Consejo de Estado, que determinó a principios de diciembre que la captura del oficial había sido injusta y le ocasionó perjuicios materiales y morales a este y a su familia.
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“De manera respetuosa y formal nos dirigimos a usted y a su familia, para ofrecerles una sentida y sincera disculpa por la privación de la libertad de la que usted fue destinatario en el proceso penal adelantado en su contra”, inicia el documento recibido por Arango Bacci.
La misiva indica que esta respuesta es en “atención al deber moral” que corresponde a la entidad y con el fin de cumplir la orden del Consejo de Estado, en una sentencia emitida el 9 de octubre de 2020.
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“La Fiscalía quiere, a través de este escrito, reconocer el dolor que este hecho causó a usted y a su familia. Aunque esta comunicación no garantiza el resarcimiento total del daño causado”, indica el organismo en el memorial de desagravio firmado por la directora ejecutiva, Astrid Torcoroma.
Según el organismo, la investigación penal adelantada en contra del oficial de la Armada comenzó en “virtud” de información conocida por la Fiscalía con relación a la “presunta participación de oficiales y suboficiales activos y retirados de la Armada en hechos de corrupción”.
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Por tal razón, argumentó el organismo, se iniciaron procedimientos y se tomaron decisiones conforme a las disposiciones legales y constitucionales, sin embargo, la presunción de inocencia se mantuvo incólume durante el proceso y de “ninguna manera, fue desvirtuada, incluso después de impuesta la medida de aseguramiento que lo privó temporalmente de la libertad”, indicó el documento.
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Por último, la Fiscalía General señaló que le presenta las “más sinceras excusas” por los daños inmateriales y materiales causados al almirante y a su familia durante el curso de la investigación penal.

<mark class="hl_orange">La orden del Consejo de Estado</mark>
“A título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre y dignidad humana, la Nación- Fiscalía, a través de una misiva personal dirigida al señor Gabriel Ernesto Arango Bacci, le ofrecerá disculpas por la detención injusta de la que fue objeto”, se lee en el fallo que ordenó indemnizar al almirante (r), según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo.
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Esto, poco más de 12 años después de que el exdirector de Cotecmar, el astillero naval de la Armada Nacional, ubicado en Cartagena, fuera condenado a pagar 18 meses de detención -entre el 19 de junio de 2008 y el 3 de diciembre de 2009- en un proceso por supuestos nexos con el narcotráfico.
En su momento, recuerda el diario, la Fiscalía General de la Nación argumentó que el almirante había violado información reservada a su cargo, al suministrar cartas de navegación a narcotraficantes, que las habrían usado para movilizar estupefacientes fuera del país.
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El proceso arrancó el 24 de agosto de 2007 cuando la entidad lo llamó a indagatoria, imputándole los cargos de enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico.
Como resultado de la investigación, Arango Bacci terminó siendo retirado del servicio activo de manera discrecional por parte del gobierno y, como se dijo, privado de su libertad.
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No obstante, como bien señala el portal digital del diario, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, determinó que el oficial no había cometido dichos actos y oficializó su libertad con una sentencia del 3 de diciembre de 2009, lo que abrió la puerta a un nuevo pleito judicial.
Como era de esperar, el exalmirante, a través del abogado Jaime Granados, solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación y a la Fiscalía por los perjuicios materiales y morales ocasionados a Arango y su familia, como consecuencia de la privación injusta de la libertad. No obstante, apuntó la publicación, una sentencia de primera instancia negó dichas pretensiones en junio de 2014.
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