La operación ‘Prolíficos’ permitió la captura de 70 personas dedicadas a la extorsión en varias regiones del país

Según las autoridades, las detenciones representan un duro golpe contra redes extorsivas que exigían dinero a cambio de no atentar contra la vida de comerciantes, docentes, transportadores, agricultores y ganaderos en varias zonas del país.

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Cortesía: Fiscalía General de la Nación.
Cortesía: Fiscalía General de la Nación.

En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Fiscalía Genéral de la Nación lograron la captura de 70 miembros de bandas extorsivas reincidentes vinculadas, además, en casos de secuestro contra comerciantes, docentes, transportadores, agricultores y ganaderos en varias regiones del país. Las autoridades iniciaron el seguimiento hace seis meses a través de investigaciones simultáneas que lograron determinar su ‘modus operandi’.

Según la Policía Nacional, los delincuentes realizaban llamadas amenazantes a personas de diferentes gremios y comunidad en general, en las ciudades de Bogotá y Medellín. La investigación también permitió identificar que estas acciones también se realizaban en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Putumayo, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valle; y en las subregiones del Magdalena Medio y Urabá.

En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, docentes recibieron mensajes de texto por parte de sujetos que se identificaban como miembros del Ejército Popular de Liberación, EPL. Los delincuentes, según la revista Semana, exigían $120 millones a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familias. Dado que población no contaban con esa suma de dinero, los docentes fueron víctimas de atentados en sus viviendas. En uno de los casos conocidos por el medio, y con el objetivo de intimar a los habitantes, los extorsionistas dispararon en reiteradas ocasiones contra una de las residencias y emprendieron la huida.

Entre laos capturados está Fernando Restrepo Taborda, alias Ñengo, cabecilla de la estructura Los Juaquinillos y responsable de ordenar desplazamientos forzados en la comunidad 16, Belén, de Medellín. Entre los delitos cometidos por Taborda, según las autoridades, están concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; fuga de presos; lesiones personales; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Además, en el departamento de Bolívar, fue capturado Daniel Perea Rodríguez, alias Perea, integrante del Clan del Golfo y presunto responsable de recolectar y suministrar armamento a esta organización criminal dedicada principalmente al tráfico trasnacional de drogas con presencia en 17 departamentos del país, pero que tiene su base en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, en el Golfo de Urabá. Perea, además, es investigado por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; constreñimiento ilegal; recepción, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; hurto; amenazas; y tráfico o porte de estupefacientes.

En Bogotá, se logró la extinción de dominio de 17 bienes inmuebles, a nombre de dos asaltantes que perpetraron el ‘Robo del Siglo’ al Banco de la República, avaluados en $20 millones del grupo delincuencial La Riviera. Jaime Eduardo Gómez, fallecido, y su sobrino Hernán Jaramillo Gallego, siguieron delinquiendo luego del robo. Según un investigador del Gaula consultado por El Tiempo, en el 2006 fueron capturados por el delito de hurto agravado y calificado por haber participado en el robo a una relojería en el norte de Bogotá. Este grupo también fue el responsable del secuestro de Giovanny Andrés Hernández Olaya, gerente de la empresa La Riviera, por quien exigían $1.000.000 por liberación en 2016.

En Norte de Santander fueron afectadas las finanzas del grupo Los Chitagueros, dedicados al secuestro extorsivo en Cúcuta y los municipios de Chitaga y Pamplona. Los delincuentes exigían entre $7.000.000 y $20.000.000 para no atentar contra la vida de las víctimas y permitir la ejecución de obras públicas a empresas contratistas.