Gobierno radicó proyecto de ley con “dientes” para atacar corrupción en el estado

Con la frase “Se le acabó la fiesta a los corruptos”, el Presidente de la República anunció la radicación del proyecto de Ley integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en el Senado. Será liderado por la Vicepresidenta, quien asumirá la vocería de éste ante las cámaras legislativas.

Uno de los apartes llamativos del articulado es aquel que levanta el velo corporativo para aplicar sanciones de carácter administrativo a agentes del sector privado que atenten contra el patrimonio público de la nación, esto con el fin de atacar episodios de injerencia corporativa que han costado al erario miles de millones de pesos en pérdidas o indemnizaciones. Dentro de las medidas de protección, el proyecto incorpora un apartado especial para quienes establezcan denuncias contra fenómenos de corrupción contra el estado, dotando de “dientes” a órganos de investigación y control, como Fiscalía y Procuraduría, para, en conjunto con la Policía Nacional, establecer programas de protección a testigos en el país. El Presidente Duque destacó que esta iniciativa, cristalizada como proyecto de ley, fue resultado de un “consenso armonioso” entre distintas ramas de los poderes ejecutivo y legislativo, asentadas en la mesa de la Comisión Nacional de Moralización, que produjo lo que el mandatario denominó “una iniciativa legislativa de gran alcance”.

La ley acelera los mecanismos para la extinción de dominio, una de las figuras más utilizadas por los mecanismos de investigación y judicialización, para impactar las estructuras de los grupos criminales y del narcotráfico.

Según Duque, agilizar las extinciones incidirá en el mejoramiento de las arcas estatales, al quitar las barreras que impiden que el dinero confiscado ingrese al fisco público durante el proceso de extinción. También, subraya, que las penas para los infractores deban ser más veloces al momento de aplicarse, lo que evitara que éstos apelen o, caso extremo, se evadan de sus responsabilidades penales.

También el articulado contempla un marco de castigos en el sector público, al determinar el nivel de responsabilidad de las empresas jurídicas del estado cuando haya un fallo en contra de sus directores administrativos o representantes legales, con lo que podría, eventualmente, repartir la carga de la prueba con la entidad y permitir a los organismos de inspección y vigilancia determinar qué parte de la estructura está comprometida en eventos de corrupción.

Otro destacado es la inhabilidad de los aportantes a campañas electorales que tengan acusaciones de corrupción. Aunque las penas no fueron divulgadas para este tipo de corrupción, de acuerdo con el reporte de Presidencia, la indicación es establecer quiénes inciden en prácticas de este tipo a la búsqueda de favores en metálico o de otro tipo. Así mismo, el proyecto introduce la denominada “indemnización” efectiva para las víctimas individuales de corrupción, con lo que el estado colombiano pretende dar visibilidad a aquellas personas que sufrieron efectos de corrupción y que, en su momento, fueron juzgadas por informaciones erróneas con lo que fue afectado su buen nombre. Otro de los articulados, basado en el criterio de la transparencia, demanda la obligación que tienen los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones de renta ante la autoridad competente. Este último otorga dientes a entidades como la DIAN para revisar patrimonios y determinar si hay o no enriquecimiento derivado de prácticas asociadas con la corrupción.

El proyecto de Ley, conformado por 12 capítulos y 91 artículos, entrará en discusiones legislativas en este periodo de sesiones virtuales del Congreso de la República.

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