No hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá para establecer protocolos para marchas

Ante las protestas y disturbios vividos en Bogotá los pasados 9 y 10 de septiembre, tras el asesinato del ingeniero Javier Ordoñez a manos de miembros de la Policía, y en los que fallecieron 10 personas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó al presidente Duque, dos de sus ministros, la alcaldesa Claudia López y el fiscal Francisco Barbosa rendir un informe sobre las manifestaciones.

Además, el Tribunal solicitó plantear “posibles soluciones que conduzcan a corto, mediano y largo plazo a solventar, de la mejor manera posible, el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil”. Por esta razón, representantes del Gobierno nacional y el Distrito, se reunieron en tres ocasiones para definir nuevos protocolos para la acción policial durante las protestas.

Para entregar el informe detallado y los protocolos para la atención de manifestaciones por parte de las autoridades, ambas partes tenían plazo hasta el pasado 30 de septiembre, pero, debido a desacuerdos en algunos puntos, decidieron solicitar más días para definir los protocolos.

Gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá pidieron al Tribunal “un plazo mayor a 3 días, pueden ser 60 días, para llegar a establecer el protocolo y hacerlo consistente”, aseguró la alcaldesa Claudia López; además, le solicitaron a la magistrada Nelly Villamizar aclarar “el alcance de esas soluciones a corto, mediano y largo plazo”, agregó la alcaldesa.

Uso de capuchas

Los puntos que siguen generando diferencias problemáticas entre el Ejecutivo y la Alcaldía son la prohibición del uso de capuchas y pinturas y la exigencia del pago de una póliza de seguro de responsabilidad extra contractual a los organizadores de las protestas.

El principal punto de desacuerdo entre las partes es el uso de capuchas. Mientras el Gobierno nacional asegura que los manifestantes no deben portar elementos que impidan la identificación, la Alcaldía de Bogotá opina que esta prohibición va en contra del derecho a la protesta.

Así lo manifestó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, en entrevista con RCN Radio. “Estas propuestas restringen un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta. Decirle qué vestir a un manifestante es igual de vulnerador que decirle qué puede decir o no en una protesta, en una democracia eso no es aceptable”.

Por su parte, en apoyo a la propuesta del Ejecutivo, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía trinó:

Póliza para manifestantes

Otro de los puntos que propone el documento del gobierno es que el organizador de la manifestación contrate una póliza de responsabilidad civil extracontractual, para cubrir daños en las marchas. Este tema se ha discutido anteriormente en el país tratando de defender los bienes públicos y establecimientos de comercio que terminan afectados en las manifestaciones.

Sin embargo, algunos especialistas, como Andrés Nieto, analista de seguridad ciudadana, no creen que la propuesta sea viable. “No es posible, porque las aseguradoras no van a darlas fácilmente … hay que hacer énfasis en la formación laboral”, aseguró en Noticias Capital.

Uso de armas letales y no letales

En lo que han coincidido las partes es en la propuesta de que los agentes de la Policía Nacional que intervengan en los servicios de acompañamiento, prevención e intervención en manifestaciones pacíficas no porten armas de fuego. Además, deberán capacitarse en derechos humanos y uso de la fuerza.

De igual manera, coinciden en que la intervención del grupo especializado antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, será ordenada, exclusivamente, por los comandantes de la región metropolitana y los departamentos de Policía.

Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa dio a conocer que, aunque está incluido en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no participará en la elaboración de los protocolos ni va a suscribir el documento final.

“La Fiscalía General de la Nación, aunque concurrirá a la mesa de trabajo ordenada siempre que su presencia resulte necesaria, no suscribirá el informe conjunto que las autoridades convocadas remitirán a su Despacho ni participará en la elaboración de los señalados protocolos. Lo anterior, sin perjuicio de toda la colaboración e información que podamos brindar a la mesa y al proceso de tutela, en el marco de nuestras estrictas competencias constitucionales”, explica el documento dirigido a la magistrada Nelly Villamizar y al Tribunal.

Se espera que, tras la ampliación del plazo, el Ejecutivo y la Alcaldía de Bogotá, programen nuevos encuentros de la mesa de trabajo y lleguen a establecer, en acuerdo mutuo, los protocolos de atención para la protesta en el país.