
Bolivia investiga una presunta estructura de corrupción que habría operado durante cinco años en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a partir de una denuncia sobre cobros irregulares a estaciones de servicio, extorsiones a funcionarios y pagos para acceder a reuniones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la investigación comenzó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre cobros ilegales para obtener licencias de funcionamiento de estaciones de servicio, evitar sanciones o revocatorias de permisos y liberar camiones cisterna observados o intervenidos durante operativos de control de combustibles.
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Según el funcionario, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2025, durante el Gobierno de Arce, y habrían involucrado a alrededor de siete exautoridades ejecutivas de la entidad reguladora. “No son cobros institucionales, no son aranceles; son cohechos, son coimas, movimientos económicos fuera de perfil”, sostuvo García, citado por medios bolivianos.
Entre los principales investigados figura Germán Jiménez Terán, quien fue director ejecutivo de la ANH. El viceministro García señaló que se identificaron depósitos por más de un millón de bolivianos (equivalente actualmente a unos 87.000 dólares) en sus cuentas bancarias, que no tendrían justificación legal ni corresponderían a sus ingresos habituales.
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Entre las personas que realizaron transferencias figuran un exviceministro de Hidrocarburos, exfuncionarios de la Asamblea Legislativa y trabajadores de otras instituciones públicas. También se detectaron movimientos provenientes de empresas mineras, compañías de aviación y estaciones de servicio de Cochabamba, Santa Cruz y otras regiones.
La investigación identificó además movimientos económicos considerados irregulares en las cuentas de otros exdirectivos de la ANH. En uno de los casos, el viceministro señaló que se detectaron depósitos mensuales de entre 2.000 y 6.000 bolivianos (entre 170 y 520 dólares) a trabajadores de la institución.
A los movimientos bancarios se suman operaciones bajo conceptos de préstamos y anticréticos, cuentas no declaradas y bienes que no habrían sido reportados oportunamente ante la Contraloría General del Estado, entre ellos vehículos y terrenos. García también mencionó la presunta utilización de familiares, terceros y empresas para ocultar patrimonio y movimientos económicos.
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En ese contexto, el Viceministerio de Transparencia informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jiménez y otras exautoridades de la ANH por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

La investigación también reveló el nombre de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Arce, quien vuelve a ser señalado en casos relacionados con el sector de hidrocarburos.
“Inclusive, esta denuncia hace referencia a que para reunirse con el señor Luis Marcelo Arce Mosqueira se tenía que pagar 5.000 dólares”, afirmó García al presentar los resultados de las pesquisas.
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El hijo del exmandatario fue mencionado anteriormente por presuntamente intervenir en decisiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sin ocupar un cargo oficial en la empresa estatal, y por su supuesta participación en negociaciones para desarrollar la industria del litio y otras operaciones vinculadas a la comercialización de combustibles.
Arce Mosqueira se encuentra en detención preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, dentro de una investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
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