
El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay se había puesto como uno de sus objetivos para la gestión hacer cuatro cambios a la ley de aborto, aprobada en 2012. Pero las modificaciones –que incluían elevar de 12 a 14 semanas de embarazo el plazo legal para realizarse el procedimiento– se enfriaron luego de confirmada la llegada del papa León XIV al país. Mientras, organizaciones sociales le reclaman a las autoridades celeridad en el tema.
De hecho, hace un mes hubo una reunión entre académicos, ONG y autoridades sanitarias en las que hubo un consenso en que son necesarios los cambios, informó El Observador. Sin embargo, senadores y diputados de la coalición de izquierda Frente Amplio señalaron que no era conveniente dar ese debate por la cercanía de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
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Aunque sin nombres, el artículo periodístico señala que los legisladores del oficialismo expresaron que no es momento de hacer olas ni de “comprarle un problema” al gobierno de Orsi, dada la cercanía de una visita que será especial para los católicos.

León XIV llegará al país el próximo 6 de noviembre y se quedará hasta el 8, estrenando así su visita a la región, que incluirá la llegada a Argentina y Perú. En Uruguay, el papa recorrerá Montevideo, Florida y Paysandú.
Este enfriamiento de la discusión generó que una decena de organizaciones de derechos sexuales y reproductivos solicitaran reuniones con autoridades del gobierno y del Parlamento para manifestarse sobre la necesidad de avanzar en los cambios al aborto legal, informó el semanario Búsqueda.
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Las organizaciones sociales están interesadas en transmitir las preocupaciones que consideran que existen en torno a las limitaciones de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada en 2012 en Uruguay. Esta norma no tuvo modificaciones desde que fue aprobada y activistas entienden que es tiempo de flexibilizar procedimientos.

Estas organizaciones sociales pidieron reuniones con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con la Bancada Bicameral Femenina.
En el Frente Amplio uruguayo no hay una posición unánime sobre este tema, según este medio. En el Poder Ejecutivo algunos jerarcas consideran que el aborto implica un debate que “polariza” y que no es el momento oportuno para darla previo a la visita papal. Legisladores y activistas creen que es necesario reinstalar esta discusión con la izquierda en el gobierno, pero comparten que conviene esperar hasta 2027.
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El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay convocó hace más de un año a una Comisión Asesora Honoraria de Derechos Sexuales y Reproductivos, que no era citada desde 2019, para tratar este tema.

Uno de los asuntos que “más se reivindicó” en esa comisión fue el pasaje del límite general para solicitar un aborto de 12 a 14 semanas, informó meses atrás el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, en declaraciones a El País. Este último plazo hoy solo aplica para excepciones como la violación o para los casos en los que se detecta un “proceso patológico” que derive en malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
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Actualmente, la ley establece que no será delito el aborto cuando se cumplen con determinadas condiciones y procedimientos y cuando la interrupción se realiza antes de la semana 12 de gestación. De este período se eximen los casos de riesgo grave de salud de la mujer, de violación y los de malformaciones incompatibles con la vida después de nacer.
El segundo elemento apunta a una inclusión mayor de mujeres migrantes. La normativa actual establece que solo pueden acceder al aborto legal las extranjeras que tienen más de un año de residencia en el país. Un tercer elemento que buscará cambiar lo que se conoce como período de reflexión. El cuarto cambio apunta a quitar la obligatoriedad de que las mujeres sean vistas por todos los especialistas.
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