Crece la presión en Brasil para que renuncie el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes

La presión sobre el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes aumentó en las últimas horas con nuevas peticiones para que renuncie y el compromiso del presidente de la corte de analizar su sospechosa relación con un banquero preso por fraude.

Sin citar a De Moraes, el jefe del Supremo Luiz Edson Fachin anunció en una nota que estudiará los indicios contra el magistrado a fin de tomar “las medidas necesarias” con “serenidad, responsabilidad y firmeza”.

De Moraes se ha visto salpicado por las investigaciones en curso contra Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central de Brasil en noviembre de 2025 por fraudes millonarios en el sistema financiero.

El caso ha levantado sospechas sobre altos representantes de los tres poderes, desde jueces del Supremo hasta funcionarios del Banco Central y dirigentes políticos de diversas ideologías.

Pero escaló de gravedad este martes, cuando el juez del Supremo André Mendonça, encargado del proceso, levantó el secreto de sumario, e hizo públicas las averiguaciones preliminares de la Policía, basadas en el celular de Vorcaro, actualmente en prisión preventiva.

Se destaparon así mensajes comprometedores enviados supuestamente a De Moraes, así como negocios millonarios, reuniones y el ofrecimiento de experiencias de lujo para él y su familia.

El escándalo ha generado un terremoto político a un mes de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del 4 de octubre.

La presión mediática también ha crecido. Estado y Folha de São Paulo, dos de los diarios más influyentes, exigieron en sus editoriales la renuncia de De Moraes, conocido mundialmente por supervisar la causa que llevó a prisión al ex presidente Jair Bolsonaro por golpismo.

“Ya no hay lugar en el Supremo para Alexandre de Moraes. Si el magistrado no renuncia, corresponderá al Senado, mediante un proceso de destitución, librar al tribunal de esta carga”, afirmó Folha de São Paulo.

“Un investigado por fraudes multimillonarios buscaba en un magistrado información, orientación e intervención sobre actuaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía General, mientras su banco pagaba sumas exorbitantes al despacho de abogados de su familia, un contrato que lleva la firma del propio Moraes”, resumió Estado de S. Paulo.

Nuevas revelaciones

Entre los mensajes encontrados, Vorcaro pidió la “protección” del fiscal general, Paulo Gonet, y del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y al parecer llegó a consultar a De Moraes, días antes de ser detenido, si debía abandonar el país.

Se desconocen las respuestas del juez, ya que, según la investigación, enviaba mensajes de visualización única y su celular nunca ha sido requisado.

Vorcaro fue arrestado una primera vez la noche del 17 de noviembre de 2025 en San Pablo mientras intentaba dejar Brasil en un avión particular. Días después obtuvo la libertad, pero volvió a prisión el pasado 4 de marzo.

La Policía sostiene, además, que De Moraes editó un contrato de prestación de servicios de 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares) entre el despacho de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y el Master.

El Master comenzó entonces a realizar pagos al bufete hasta noviembre de 2025, cuando Vorcaro fue encarcelado.

Mendonça ha solicitado al pleno del Supremo, integrado hoy por diez jueces, entre ellos De Moraes, analizar estos últimos elementos. La Fiscalía, encabezada por Gonet, ha pedido la nulidad de la investigación.

Gonet también se ha visto salpicado luego de que la Policía encontrara mensajes entre Vorcaro y un abogado que supuestamente hacía de puente entre el fiscal general y el banquero.

De Moraes, de guardián de la democracia a sospechoso

De Moraes ganó una enorme notoriedad internacional en las elecciones de 2022 al combatir la desinformación y la campaña contra las urnas electrónicas brasileñas impulsada por la extrema derecha.

En 2024, suspendió un mes la red social X y autorizó abrir una investigación contra el magnate Elon Musk, que archivó este año.

También fue el instructor del juicio en el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo, motivo por el cual el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump le impuso sanciones financieras.

Desde entonces se ha convertido en el enemigo número uno del bolsonarismo, que ha buscado asociar su imagen a la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.