
En medio de la ola de violencia que atraviesa Santa Cruz, con al menos diez ataques armados en los últimos 15 días, los gobiernos de Bolivia y Brasil activaron un plan denominado “Frontera Segura” con el objetivo de reforzar la seguridad en las zona limítrofes en las que se han producido más de la mitad de los asesinatos.
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que el plan será lanzado este jueves en el municipio de Guayaramerín, en el departamento amazónico de Beni, y que la estrategia binacional abarca esa región, además de las fronteras de Santa Cruz y Pando.
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En una entrevista con el canal Unitel, Oviedo explicó que se instalarán operaciones “de carácter permanente” entre la Policía Federal brasileña y la boliviana en varios puntos de la frontera para desarticular “esta ola de crímenes realmente preocupantes”.
En declaraciones anteriores, el ministro Oviedo vinculó el aumento del crimen organizado en Bolivia a un enfrentamiento entre dos cárteles brasileños, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que estarían disputando el control de un corredor del narcotráfico en Bolivia.

“El Comando Vermelho y el PCC hoy están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga al exterior. Esto no va a quedar así, esto lo vamos a combatir. No vamos a dar un paso atrás ni para impulsarnos”, afirmó Oviedo citado por medios locales.
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El ministro admite que el Estado boliviano enfrenta una “debilidad estructural” debido a la diferencia de poder de fuego entre las organizaciones criminales y la Policía Boliviana. En ese marco, la cooperación binacional permitirá fortalecer las acciones contra el crimen.
La ola de violencia comenzó el 29 de julio cuando un grupo armado ingresó a una hacienda de la localidad fronteriza de San Matías y asesinó a cuatro personas. Dos días más tarde, en Ascensión de la Frontera, a 120 kilómetros de San Matías, el subteniente Yerson Salazar, uno de los agentes enviados para investigar los cuatro asesinatos anteriores, fue abatido a tiros.
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La respuesta del Gobierno fue desplegar más de 200 agentes para reforzar la seguridad, además de enviar grupos de élite para investigar los crímenes y hacer rastrillajes en busca de los atacantes.

Mientras la atención se centró en la frontera, en Santa Cruz de la Sierra fueron abatidos dos brasileños, uno en un local nocturno y otro al salir de un restaurante a plena luz del día en una zona céntrica y rodeada de universidades. En tanto, en San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros al este de la capital cruceña, un veterinario murió a tiros por dos hombres que huyeron en motocicleta.
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A estos casos se suma el hallazgo de dos cuerpos decapitados en la localidad de Yapacaní, a 300 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en la carretera que une esta ciudad con Cochabamba.
En medio de esta ola de violencia, el 5 de agosto dos reos brasileños fugaron de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz. Durante un corte de luz en el recinto penitenciario, Alex Heleno Da Silva, procesado por el delito de asesinato, y Fernando Junior da Silva, encarcelado por tráfico de armas, lograron escapar sin haber sido recapturados hasta ahora.
En su discurso presidencial por la efeméride del país el 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz destacó la lucha de su Gobierno contra el crimen organizado y el “narcoterrorismo”, y afirmó que en nueve meses de gestión se logró expulsar a 17 jefes de organizaciones criminales internacionales.
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