Evo Morales acumula dos órdenes de aprehensión: por trata agravada, terrorismo y otros delitos

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, suma dos órdenes de captura por la supuesta comisión de siete delitos: trata agravada, terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

El primer caso, que lo acusa de trata agravada de menores, tiene que ver con el presunto abuso cometido contra una menor de edad cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales tuvo una hija con una adolescente en el año 2016 y benefició con favores políticos a la familia de la víctima.

El Ministerio Público señaló que tiene 170 pruebas en contra del exmandatario y la Justicia lo convocó a declarar en tres oportunidades: octubre de 2024, enero de 2025 y mayo de 2026. Ante la inasistencia a las tres citaciones, se dispuso su arraigo, la anotación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas, además de declararlo en rebeldía y emitir al órdenes de captura que hasta la fecha no se ejecutan.

El segundo caso, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado que se le imputan -y que contemplan penas máximas de 20 y 30 años de prisión de acuerdo al Código Penal boliviano- es más reciente.

Esta investigación está vinculada a las protestas sociales y bloqueos de caminos realizados entre mayo y junio de este año y se inició a raíz de una denuncia del Comité Cívico de Santa Cruz, entidad que reúne a varias instituciones de la región y que ha sido uno de los principales actores de oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales y Luis Arce.

Los denunciantes acusan al exmandatario de haber ordenado los cortes de carreteras que paralizaron gran parte del país para forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos iniciaron en La Paz a convocatoria de la Federación de Campesinos Túpac Katari y luego se sumaron otros sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), juntas vecinales de El Alto y los cocaleros afines a Morales.

En casi siete semanas de protestas, los piquetes se extendieron a otras regiones del país y generaron desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos básicos en algunas ciudades; además de provocar pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte y la industria.

Morales, que mantiene desde hace casi dos años una vida pública y activa en su bastión político bajo custodia de sus seguidores, ha calificado las denuncias como parte de una “persecución política” impulsada por Paz y su antecesor.

“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, escribió el expresidente en su cuenta de X sobre la segunda orden de captura que fue emitida esta semana. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, agregó.

Desde que se emitió la primera orden de captura hace casi dos años, distintas autoridades del Gobierno han asegurado que la aprehensión de Morales se concretará y han sostenido que existe una estrategia para ejecutarla. “Ya le va llegar la cárcel”, afirmó el presidente Paz a finales de junio.