El lavado de activos en Ecuador se consolida como el motor financiero del crimen organizado

El lavado de activos se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía ecuatorianas. Además de constituir un delito financiero, representa el mecanismo que permite a las organizaciones criminales ocultar el origen ilícito de sus ganancias, incorporarlas a la economía formal y financiar la expansión de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas o el tráfico de armas. Así lo sostiene el estudio Una aproximación a la medición del lavado de activos en Ecuador: magnitud, modalidades y tipos, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), del proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

El documento explica que el lavado de activos consiste en otorgar apariencia de legalidad a bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas. Para ello, el proceso combina tres elementos esenciales: el ocultamiento del origen del dinero, su legitimación mediante operaciones aparentemente legales y, finalmente, su incorporación al circuito económico formal.

Según el informe, este proceso suele desarrollarse en tres fases. La primera es la colocación, cuando los recursos —generalmente en efectivo— ingresan al sistema financiero o al circuito económico formal. Posteriormente ocurre la estratificación, que implica una cadena de transacciones, transferencias internacionales, compraventa de bienes o incluso conversiones a criptomonedas destinadas a dificultar el rastreo del dinero. Finalmente, la integración permite que esos recursos reaparezcan como aparentemente legítimos mediante inversiones, empresas fachada o adquisición de bienes de lujo.

Cuantificar este fenómeno continúa siendo una tarea compleja. Sin embargo, tomando como referencia las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el OECO calcula que el lavado de activos equivale a entre el 2% y el 5% del producto interno bruto. Aplicado a la economía ecuatoriana de 2025, ese porcentaje representa un rango estimado de entre USD 3.910 millones y USD 6.516 millones susceptibles de ser blanqueados dentro del sistema económico nacional.

El estudio advierte que el lavado de activos constituye actualmente la cuarta principal expresión del crimen organizado en Ecuador y funciona como el “motor estratégico” de las economías ilícitas. Tradicionalmente, los sectores más vulnerables han sido el comercio, la construcción, la compraventa de vehículos y los pronósticos deportivos. No obstante, el análisis de procesos judiciales recientes muestra una creciente penetración de estructuras criminales en actividades vinculadas con la logística comercial, el transporte de carga y el sector pesquero, considerados hoy áreas estratégicas para introducir capitales de origen ilegal.

Como aproximación al tamaño de las economías ilícitas que alimentan esos flujos financieros, el informe identifica tres mercados criminales de gran magnitud. El tráfico de drogas generaría entre USD 692 millones y USD 1.384 millones anuales, tomando como referencia las 211 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización incautadas durante 2025 y la estimación de que esa cantidad representa entre el 30% y el 60% de la circulación total.

La minería ilegal aparece incluso por encima de ese mercado, con un volumen estimado de entre USD 1.000 millones y USD 1.385 millones, basado en la existencia de 387 puntos de extracción ilegal y en las exportaciones irregulares de oro detectadas entre 2021 y 2023. A ello se suma la corrupción, cuyo impacto económico oscilaría entre USD 731 millones y USD 1.244 millones, calculado sobre posibles desviaciones en la contratación pública utilizando parámetros desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Otro de los hallazgos del documento se relaciona con la evolución de la liquidez monetaria en Ecuador. En una economía dolarizada, donde el país no tiene capacidad de emitir moneda, el informe observa que, pese al bajo crecimiento económico registrado entre 2014 y 2020, la liquidez mantuvo una tendencia creciente. Los investigadores aclaran que este comportamiento puede explicarse por factores legales, como el aumento histórico de remesas y otros flujos externos, pero señalan que también coincide temporalmente con la consolidación de economías criminales capaces de generar importantes recursos financieros cuya magnitud real todavía resulta difícil de medir con precisión.

El análisis de las sentencias condenatorias por lavado de activos emitidas durante 2025 permite además identificar las principales tipologías empleadas por las organizaciones criminales. Una de ellas consiste en utilizar empresas como fachada para justificar millonarios movimientos financieros mediante supuestos servicios de transporte, actividades pesqueras, aportes de capital o contratos ficticios. Otra modalidad recurrente es el testaferrismo, mediante el cual los líderes criminales registran propiedades, haciendas o paquetes accionarios a nombre de familiares o personas de confianza para ocultar su patrimonio. También se detecta el denominado “pitufeo”, que consiste en realizar numerosos depósitos de pequeñas cantidades en diferentes cuentas bancarias para evitar los controles establecidos por los sistemas de prevención.

El informe también documenta mecanismos más sofisticados, como el uso del comercio exterior para justificar el ingreso de divisas mediante exportaciones e importaciones aparentemente legales, la utilización de criptomonedas y plataformas digitales como vehículos para mover recursos ilícitos, así como estructuras empresariales complejas respaldadas por asesoría técnica y contable especializada. Estas modalidades evidencian, según el OECO, una creciente profesionalización de las redes criminales y una capacidad cada vez mayor para infiltrarse en la economía formal.