
Bolivia mantiene la esperanza de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) valide su plan de recuperación económica y libere recursos que el país considera determinantes para estabilizar sus cuentas y reforzar sus reservas.
El Gobierno boliviano, a través del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, confirmó en una entrevista con un medio local que el país está a las puertas de un acuerdo con el FMI por una financiación de entre USD 2.500 y 2.800 millones, con el objetivo de apoyar el programa de estabilización fiscal y fortalecer el Banco Central.
El ministro detalló que las primeras transferencias del FMI llegarán a principios de septiembre y se destinarán íntegramente al refuerzo de reservas internacionales, en un contexto marcado por la escasez de divisas.
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“Hemos venido tomando medidas que han sido aplaudidas por el Fondo, en gran medida porque forman parte de un plan y de un programa que está pensado para los próximos 3 o 4 años”, afirmó Espinoza a la agencia EFE.
El ministro explicó que la validación del FMI no solo implica el acceso a los recursos, sino también el respaldo al plan económico que el Ejecutivo puso en marcha tras 15 años de un régimen cambiario fijo. Desde finales de junio, Bolivia adoptó un tipo de cambio flexible y eliminó la subvención de los combustibles, que rigió por más de dos décadas, además de reducir el gasto público, eliminar la financiación monetaria del déficit fiscal y ordenar el mercado cambiario.
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La transición a un tipo de cambio único y flexible permitió que la cotización del dólar subiera progresivamente desde los 9,73 hasta los 11 bolivianos, cifra fijada este miércoles. El ajuste generó inquietud en sectores productivos, aunque Espinoza aseguró que la devaluación se situó entre el 10 y el 12%, lejos de las caídas más abruptas que experimentaron economías vecinas.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló que “ya se han asumido acuerdos con el FMI” que se anunciarán de manera oficial en los próximos días, mientras que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó la participación del organismo como “indispensable” para reconducir la economía boliviana.
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Espinoza precisó que el acuerdo prevé “desembolsos con cierta frecuencia del Fondo” y que el crédito de apoyo presupuestario “va a terminar quedándose en el Banco Central”, con el objetivo de lograr un nivel sostenible del déficit fiscal hasta 2029.
Las protestas sociales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio impactaron el ritmo de recuperación. Bolivia comenzó el año con señales de mejora: entre enero y abril, el país registró un superávit fiscal cercano al 0,5% y una balanza comercial positiva superior a los USD 1.300 millones, impulsada por la minería. Sin embargo, los bloqueos y la demanda de renuncia del presidente Paz frenaron el descenso de la inflación, que en 2025 superó el 20%.
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Como resultado, el Gobierno prevé para 2026 una contracción económica de entre el 0,7 y el 1% del PIB, una inflación que podría ubicarse alrededor del 9% y un déficit fiscal del mismo porcentaje.
(Con información de EFE y Reuters)
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